El Gobierno de Bolivia y el denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a los prefectos (gobernadores) de la derecha opuestos al presidente, Evo Morales, y a las reformas con las que éste pretende refunda el país, firmaron el martes (madrugada del miércoles, en Euskal Herria), por separado, un documento de preacuerdo que establece las bases de la negociación.

La detención del gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, hizo tener un recrudecimiento de la violencia y la ruptura de las conversaciones, después de que el prefecto de Tarija, Mario Cossío, representante de Conalde en el diálogo que finalizó con un preacuerdo, afirmara que éste estaba «no muerto pero sí en agonía» tras el arresto de Fernández, a quien el Gobierno acusa de instigar la violencia en su departamento.

Cossío cambió de actitud y el martes firmó, en nombre de Conalde, el acuerdo para el inicio de un proceso de diálogo nacional «porque es un pedido del pueblo boliviano» El documento que también fue suscrito por su homólogo de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los más duros opositores a Morales.

En caso de lograrse la adhesión al mismo de los de Beni, Ernesto Suárez, Chuquisaca, Savina Cuéllar, estaba previsto que el proceso comenzará hoy en Cochabamba. Pero ayer, Evo Morales planteó a los gobernadores iniciar ayer mismo el diálogo y, para ello, les envió una carta en la que les citaba entre las 22.00 y las 23.00 (hora de Euskal Herria) para comenzar inmediatamente los trabajo.

IDH, Constitución y autonomía

Morales propuso, además, un sistema de negociación intenso, a puerta cerrada y a tiempo completo hasta que finalicen los trabajos de las tres comisiones que se van a constituir, y no con una duración de un mes, como se establece en el preacuerdo firmado por los prefectos y dos representantes del Gobierno.

Las tres mesas de trabajo que se van a constituir se refieren al Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH), cuya restitución exigen los prefectos; las autonomías en el marco del proyecto constitucional; y la elección de autoridades. Respecto a la nueva Constitución Política del Estado, establece la suspensión por un mes de la convocatoria de referendo constitucional en el Congreso Nacional.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, manifestó que la autonomía plena para los departamentos y una mejora de los ingresos del IDH -que debe garantizar el pago de la Renta Dignidad y su sostenibilidad con las distintas fuentes de financiación establecidas por ley- son dos cuestiones viables de manera casi inmediata.

Además, el acuerdo contempla la devolución inmediata de las oficinas públicas e instalaciones petroleras ocupadas durante este conflicto, con el fin de restablecer los servicios públicos, el levantamiento de todos los bloqueos de carretera y el fin de las medidas de presión por ambas partes y el esclarecimiento de la «masacre» de campesinos en Pando.