Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo confirmara la ilegalización de EAE-ANV, los medios de comunicación que conocen de primera mano lo que se cuece en los despachos de La Moncloa informaron ayer que el Gobierno español busca ahora disolver los ayuntamientos en los que gobierna la izquierda abertzale.

Para ello, desde el Ejecutivo del PSOE han ordenado a la Abogacía del Estado la elaboración de un informe sobre la posibilidad de actuar contra estos consistorios, más de cuarenta. El objetivo, según señalaba «El Mundo» en su primera, sería «llevar a cabo las medidas solicitadas durante meses por las víctimas del terrorismo».

Este rotativo explicaba que los mandatarios españoles tratarían de aplicar la ley reguladora de las bases del régimen local, que prevé que el Consejo de Ministros, a iniciativa propia, pueda resolver mediante decreto los órganos de gobierno de las corporaciones locales «en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de obligaciones constitucionales». Se trataría de llevar a estos ayuntamientos la doctrina Marbella, aplicada en esta localidad malagueña tras la detención de varios corporativos imputados por corrupción.

En «El País» concidían al anunciar que «la Abogacía del Estado elevará un informe al Ejecutivo sobre la posibilidad de disolver los 42 ayuntamientos que gobiernan los herederos de Batasuna» y, citando fuentes del Ministerio de Justicia, anunciaban que el Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, va a elevar un informe sobre la posibilidad de aplicar el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.

Rosa Díez y el Foro Ermua

Al hilo de estas informaciones, la formación de Rosa Díez, UPyD, reclamó al Gobierno español que disuelva ya los ayuntamientos con mayoría independentista, petición en la que coincidió con el Foro Ermua, grupo desde el que afirmaron que «se debe impedir que dichos consistorios sigan gobernados por personas que fueron elegidas bajo las siglas de una organización terrorista».

Estos ayuntamientos ya fueron escenario de una fuerte campaña contra la izquierda abertzale a causa de las «mociones éticas» impulsadas por el PSOE y el PNV.