La Fiscalía ha solicitado una pena de seis meses de cárcel y la inhabilitación para el cargo de concejal durante un periodo de siete años para Jorge Ibarrondo, el delegado de Urbanismo en el Consistorio gasteiztarra, al considerar que cometió un supuesto delito de prevaricación en una operación urbanística en el pueblo de Ali. En esa localidad, el Ayuntamiento bajo el mandato del PP otorgó una licencia para edificar siete casas en una parcela donde, al parecer, sólo se podían construir seis según la legislación vigente. A su vez, el grupo municipal de EB anunció ayer que pedirá una pena mayor que la solicitada por el Ministerio Público.