Hace más de dos semanas que el Gobierno de Nafarroa ha presentado para su aprobación un nuevo decreto cuyo objetivo es baremar el euskara como mérito en el acceso a los puestos de trabajo en la Administración foral. Al día siguiente de este anuncio, los medios de comunicación navarros recogían casi textualmente en sus portadas la nota de prensa que el Ejecutivo había colgado en su página web. Por desgracia, y atendiendo a la letra del decreto, y no a la del parte gubernamental, la nueva valoración que pretende impulsar el Gobierno en nada mejora los derechos de los vascoparlantes a usar el euskara ante las administraciones públicas.

Me explico. Esta nueva norma viene a sustituir dos artículos, el 21 y el 23, del conocido como decreto contra el euskara. Artículos que, por deshabilitar la lengua vasca, fueron anulados hace más de dos años por el Tribunal Superior de Justicia. Con la nueva regulación, nos cuentan el Gobierno y la prensa que en la zona vascófona el euskara se valorará como mínimo un 6% y como máximo un 10%, dependiendo de que el puesto de trabajo tenga o no mayor relación con el público. Por su parte, en la zona mixta la valoración será de un 3% como mínimo y de un 6% como máximo. Añaden más adelante un listado de puestos de trabajo donde se ha de poner en práctica esta valoración, y en el que no se incluye al personal sanitario.

Sin embargo, ni la nota del Gobierno ni los medios informan de que, en la oferta pública de empleo de la Administración foral, la valoración de méritos no afecta ni al 1% de las plazas. En el Instituto Navarro de Administraciones Públicas tienen que hacer esfuerzos para recordar la última baremación de méritos. Tampoco informan, ni Gobierno ni prensa, que los puestos de trabajo donde los méritos son mayormente tenidos en cuenta a la hora de acceder a un puesto de trabajo son precisamente los de personal sanitario, los que el Ejecutivo foral tiene la precaución de no incluir en el proyecto de decreto.

De esta forma, la nueva puntuación apenas va a tener incidencia en la oferta de empleo público pero, incluso en los puestos de trabajo donde se valore, nos vamos a encontrar con la paradoja de que esta evaluación puede ser menor que la usada hasta ahora. Con la vieja regulación, si al inglés se le asignaba un 6%, el euskara debía ser valorado con un 6,6% en zona vascófona y con un 6,3% en zona mixta. Con el nuevo decreto esto no será así.

Pese a todo, la consecuencia más grave que genera esta nueva regulación es otra. Si bien tanto la prensa como el Gobierno destacan el aumento de la valoración del euskara en los puestos que tienen mayor relación con el público, dicen que hasta un 10%, ocultan que esta propuesta es contraria a la Ley Foral del Vascuence. Y es contraria a la Ley porque cuando un puesto de trabajo tiene relación con el público, el mandato foral no es el de valorar un poco más el euskara, sino el de garantizar el derecho del ciudadano a usar esta lengua ante las administraciones, y esto sólo se garantiza con un trabajador que conozca el vascuence. Es decir, según la Ley, cuando un puesto de trabajo tiene relación con el público (conserjes, telefonistas, encargados de bibliotecas, médicos, etc.), el euskara ha de tener carácter preceptivo. La Administración foral debe dar servicio a todos los contribuyentes, incluidos los euskaldunes, así es por ley y por lógica democrática, y valorando la lengua vasca un poco más esta obligación no se garantiza en absoluto.

Con este nuevo decreto foral el Gobierno de Nafarroa confirma que su voluntad política sigue siendo la misma que en la legislatura anterior: poner trabas al cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley Foral del Vascuence, incluso en la zona vascófona. Además, lo que también queda claro es que su servicio de comunicación ha mejorado cualitativa y cuantitativamente, apoyado por plumas de medios privados que dan por bueno lo que no lo es.