Todavía sin sentencia en la mano pero ya con la ilegalización consumada, las ocho parlamentarias y el parlamentario logrados por EHAK en Gasteiz comparecieron ayer ante los medios en la Sala de Prensa del Parlamento para anunciar que «vamos a seguir trabajando tal y como hemos hecho hasta ahora». Es el mismo mensaje que han lanzado decenas de electos de otra formación ilegalizada, EAE-ANV, en los últimos días.

Esta intención choca, sin embargo, con un posibilidad: que el Parlamento de Gasteiz decrete la disolución del grupo Ezker Abertzalea, al contrario de lo que hizo en 2003 con Sozialista Abertzaleak y tras lo que Juan María Atutxa, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao fueron condenados a inhabilitación. Así las cosas, los afectados por esta nueva ilegalización se dirigieron al tripartito para que «defienda el derecho que tenemos a seguir como grupo, porque además han dicho siempre que este parlamento es soberano a la hora de tomar sus decisiones».

A la espera del mandato exacto que lleve incluida la sentencia a este respecto, se aventura que PNV y EB no actuarán como entonces. Rafa Larreina, por contra, sí afirmó ayer en Radio Euskadi que EA no variará su actuación de la de entonces.

«Imposición»

Esta cuestión suscitó gran interés en la comparecencia celebrada en la Sala de Prensa del Parlamento, pero por encima de ella Nekane Erauskin, su portavoz, resaltó el carácter «muy grave» de la decisión judicial española, aunque no haya constituido una sorpresa para nadie.

La cabeza de lista del grupo de la izquierda abertzale lo resumió con esta frase: «Esto nos lleva a los tiempos más oscuros del franquismo y del fascismo, nos impone la Constitución, y todo aquel que no la acepte no tiene ningún derecho a defender sus ideas políticas».

Abundando en ello, subrayó que tras conocer el sentido de la sentencia queda más claro que nunca que detrás «hay una decisión política, aunque se haya dado a conocer por medio de los jueces. El Gobierno del PSOE ha dicho claramente que aquél que no respete sus reglas de juego y que no acepte la Constitución, va a ser ilegalizado».

En este sentido se han expresado, de hecho, los máximos responsables del Ejecutivo de Zapatero. Su portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, resumió tras el Consejo de Ministros de ayer que «en una democracia moderna no hay sitio para los que apuestan por la ilegalidad y por la violencia».

«Estamos aquí por los votos»

Así las cosas, los electos de Ezker Abertzalea quisieron poner el acento en que «estamos aquí porque 150.000 personas depositaron su confianza con su voto en nosotras», un resultado que asombró a buena parte del arco político y mediático en la primavera de 2005. Y, en consecuencia, reiteraron el mensaje de que «si el Supremo da la orden de disolvernos, esperamos que la Mesa del Parlamento, en que el tripartito PNV-EA-EB tiene mayoría, si está en contra de la Ley de Partidos como dice y en contra de las ilegalizaciones, defienda que tenemos derecho a seguir así».

Hasta ahora, y desde el mes de febrero, el Parlamento ya ha retenido a Ezker Abertzalea un total de 322.547 euros en concepto de subvenciones como grupo y por escaño.