La «movilización pacífica desde el punto de vista social pero muy activa desde el punto de vista jurídico y político» que anunció el lehendakari, Juan José Ibarretxe -que iba a «poner en la agenda europea el derecho de la sociedad vasca a ser consultada y a que su voluntad sea respetada» y que supondría un «test democrático a la sociedad española»- ha quedado finalmente en una recogida de firmas de adhesión a un manifiesto «en defensa de una consulta popular en el País Vasco sobre la paz y la normalización política». Es lo que han conseguido consensuar PNV, EA, Aralar y EB.

El documento podía encontrarse desde la mañana en las páginas web del PNV y EA y por la tarde se puso en marcha además una dirección específica -www.kontsulta.eu- donde quien quiera puede suscribir el texto. Los jeltzales proponen también descargarse el documento, firmarlo y entregarlo en los batzokis o en Sabin Etxea. Está previsto que EA recoja firmas durante el Alkartasun Eguna que la formación celebrará mañana en Laudio.

Lejos de la propuesta inicial del lehendakari de que cada ciudadano que considerara conculcados sus derechos por la decisión del Gobierno español y el Constitucional formalizara una denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo por vulneración de los apartados 9, 10, 11, 13 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, los partidos ofrecen al firmante «solicitar de los Partidos Políticos que incorporen y/o mantengan en sus programas y proyectos la aspiración a la capacidad plena de decisión de la ciudadanía vasca» y adherirse «a cuantas iniciativas y demandas desplieguen los Partidos Políticos en defensa de la consulta popular ante los foros europeos e internacionales», sin otra concreción.

Según fuentes consultadas en los últimos días por GARA y que coinciden con lo publicado también por otros diarios, la razón de esta evidente rebaja y atenuación de la respuesta a la prohibición de la consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz el pasado 27 de junio es la actitud mantenida por el PNV. Un importante sector de este partido -avalado por la opinión de la mayoría de los juristas- no ve viable la presentación de una denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo. Además, su estrategia actual pasa por buscar otros focos de atención política, mediática y electoral al margen de la consulta.

Esta falta de contundencia en la reacción a la prohibición de la iniciativa que ha sido el eje central del tripartito en los últimos años ha generado cierta frustración en otros integrantes de la coalición, pero finalmente han transigido en caminar por la dirección marcada por el PNV.

Tampoco el lehendakari sale airoso de este trance, por cuanto las expectativas levantadas por su anuncio inicial se han visto incumplidas repetidamente. El Gobierno de Lakua renunció a liderar la gestión de su proyecto estrella de esta legislatura para dejarlo en manos de los partidos, y ahora el papel del propio Juan José Ibarretxe queda reducido al de mero firmante del documento.

Acto oficial el martes

Al día siguiente de que se confirmara la anulación de la Ley de Consulta por parte del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo de Ibarretxe celebró un Consejo de Gobierno extraordinario, al término del cual hizo pública una declaración institucional en la que anunciaba que «como ciudadanos y ciudadanas de este país suscribiremos el martes 23 de setiembre las denuncias particulares y de adhesión a la demanda de los partidos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos».

Fuentes oficiales de Ajuria Enea apuntaron ayer que la convocatoria del acto sigue en pie, aunque el lehendakari y las consejeras y consejeros no firmarán denuncias sino el texto propuesto por los partidos. Desde la presidencia del Ejecutivo autonómico se recordó que Ibarretxe dejó la gestión de la iniciativa en manos de las formaciones políticas y que la respuesta es la que ellas han decidido.

Para evitar dar demasiadas explicaciones sobre la iniciativa o que se apreciaran las discrepancias entre los partidos, éstos evitaron la comparecencia conjunta inicialmente anunciada y tampoco se prodigaron en declaraciones.

Abordado en una rueda de prensa, el portavoz de EA, Mikel Irujo, manifestó que su formación sigue defendiendo la denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo. «Nosotros tenemos claro lo que ya anunciamos. No vamos a dar marcha atrás en la vía del recurso», aseguró. También Jon Abril, vicecoordinador de Aralar, declaró que la cuestión llegaría a la corte europea, además de «a otros pueblos con procesos similares, con los que debemos aunar fuerzas y trabajar por la unidad de acción».