Los ex diputados generales de Gipuzkoa Román Sudupe y Joxe Joan González de Txabarri consideran que no se pueden imputar responsabilidades políticas a los ex cargos forales por el caso del fraude de la Hacienda de Irun, aunque el primero teme que «los intereses partidistas lleven a castigar al PNV».

Ambos cerraron ayer el calendario de comparecencias de la comisión de las Juntas Generales que investiga si existieron responsabilidades políticas en el fraude descubierto en la oficina tributaria de Irun, cuyo jefe, José María Bravo, se encuentra en prisión como presunto responsable de una trama que defraudó a las arcas públicas 8 millones de euros y supuestamen- te se apropió de 1,6 a lo largo de más de una decena de años.

Sudupe, que estuvo al frente de la Diputación de Gipuzkoa de 1995 a 2003, consideró «absurdo» que un diputado general pueda ser responsable político cuando no es él quien gestiona los departamentos y circunscribió lo ocurrido a «un chorizo».

González de Txabarri, diputado general en la anterior legislatura, aseguró que con los datos que cuenta «no se pueden imputar responsabilidades políticas singularizadas a ninguna persona». Dijo que no ha recibido «otra información complementaria» que le haga «cambiar ese criterio», por lo que será «harto complicado imputar responsabilidades políticas personificadas basadas en literatura».

El presidente de la comisión de investigación, el socialista Julio Astudillo, explicó que, si bien las comparecencias han terminado, los grupos se han dado un plazo de cinco días por si consideraran conveniente «repescar» a alguno de los que ya han declarado, llamar a otros nuevos o pedir documentación.