Aprobado ya por el Consejo de Ministros español, el Decreto Ley de Retorno Voluntario para Extranjeros entrará hoy en vigor, aunque no estará culminado hasta finales de octubre o principios de noviembre. La medida tendrá carácter «permanente y voluntario» y estará enfocada, según dijo el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en su discurso de investidura, a «promover la inmigración circular». A ella podrán acogerse inmigrantes procedentes de los 19 países con los que el Estado español mantiene acuerdos de Seguridad Social que, tras un periodo de cotización, hayan quedado en el paro y tengan derecho a subsidio. Si deciden regresar, podrán cobrar el 60% de la prestación correspondiente en su país de origen. Pero, a cambio, no podrán volver en, al menos tres años.

Para el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, «es una oportunidad o posibilidad para que la persona en cuestión emprenda una actividad en su país de origen», que, a su juicio, también se verán beneficiados porque «recibirán de vuelta a profesionales cualificados con un capital que facilitará su proceso de integración».

Madrid mantiene convenios bilaterales en materia de seguridad social con 19 países, entre ellos, Marruecos, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, República Dominicana, Venezuela, México y Paraguay.

Corbacho quiso incidir en que esta iniciativa «no nace con voluntad de coyuntura sino de permanencia». Según sus cálculos, 87.000 personas podrían acogerse a este decreto, criticado desde las files del PP. Aunque su presidenta en Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, reconoció el derecho de los inmigrantes a cobrar el paro, subrayó que «éste no era su objetivo cuando vivieron a trabajar».