Antes de que el Tribunal Constitucional Español fallara en contra de la consulta popular aprobada en el Parlamento de Gasteiz, el lehendakari hizo un llamamiento a la ciudadanía vasca a demandar al Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según Ibarretxe, la prohibición de la consulta vulneraría los artículos 9, 10, 11 y 14 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, concretamente los que se refieren a la libertad de pensamiento, expresión, asociación y a su relación con la participación política que afecta a los partidos políticos.

Parece sorprendente que a estas alturas de la película se solicite una movilización social de este tipo para defender nuestro derecho a la consulta, como si hasta ahora se hubieran respetado escrupulosamente el resto de los derechos. La triste realidad es que es Estado español viene vulnerando los derechos de los ciudadanos vascos recogidos en esos y otros artículos ante la indiferencia e incluso colaboración en aspectos puntuales de los partidos políticos nacionalistas que se autodenominan demócratas, salvo honrosas excepciones que no hacen sino confirmar la regla. Para no extendernos vamos a mencionar sólo algunos de los ejemplos más significativos.

La Ley de Partidos, y ya no digamos la aplicación extensiva que se ha hecho de ella, viola claramente el artículo 11 del Convenio referido a la libertad de reunión y asociación.

Esa ley fue recurrida por el Gobierno vasco ante el Tribunal Europeo en Septiembre de 2003, pero éste no lo admitió a trámite por considerar que dicho Gobierno es parte del Estado español y que una parte no puede demandar a otra. Ante esto, el Gobierno Vasco podía haber tomado entonces la iniciativa de plantear las demandas a título individual, pero quizá por problemas de plazos, o más probablemente por cálculos electorales, no hizo nada.

La ilegalización de Batasuna y resto de organizaciones de la izquierda abertzale, consecuencia directa de la Ley de Partidos, viola los derechos recogidos en el artículo 11, y las consecuencias derivadas de dichas ilegalizaciones lo hacen con numerosos artículos del Convenio, privando de hecho a un buen número de ciudadanos del derecho democrático a elegir y ser elegido en las urnas.

Los juicios, condenas y encarcelamiento de miembros de organizaciones de la izquierda abertzale, como los de Jarrai, Haika, Segi, Ekin, Joxemi Zumalabe, Gestoras y otros inminentes, además de los artículos citados anteriormente, violan el artículo 5, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y de forma clamorosa el artículo 6, que dice que toda persona tiene derecho a un proceso equitativo, dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial.

Se va a procesar a Ibarretxe por ¡hablar! con miembros de Batasuna. Con ser esto escandaloso, lo es aún más el procesamiento de cuatro miembros de Batasuna por acudir a la llamada del lehendakari y hablar con él. Esto no sólo viola artículos del Convenio, sino el más elemental sentido común.

En cuanto al encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, ante el fracaso de la «moción ética», el juez de cabecera del Gobierno español emite uno de sus habituales autos ininteligibles y decreta el ingreso en prisión de la alcaldesa. Con todo, el papel más vergonzante en este tema corre a cargo del PNV que, en lugar de romper fulminantemente con quien emplea tan execrables métodos, sigue con su apoyo a las mociones.

Nos podríamos extender mucho más (derechos de los presos y sus familiares, tortura, «doctrina Parot»...), pero parece una muestra suficiente para ver el grado de respeto de nuestros derechos por parte del Estado español. Sería razonable que, si lo que mueve al lehendakari y a su Gobierno es la preocupación por la violación de derechos de los vascos, aprovecharan para, junto con el tema de la consulta, hacer mención a algo de lo expuesto, así quitaría la razón a los malpensados que dicen que todo es un simple interés electoral. En cuanto al requisito recogido en el artículo 35 de haber agotado las vías de recursos internos, se puede considerar cumplido en todos los casos, ya que el artículo 6 habla del derecho a un proceso equitativo por un tribunal independiente e imparcial, y en el Estado español ya no queda ninguno de esas características al que recurrir.