Ataque contra la izquierda abertzale
«Los políticos han abierto la vía para instaurar un estado de excepción»
Gari MUJIKA | DONOSTIA
«La vulneración legal de los Derechos Humanos ha llegado a su grado más alto en Euskal Herria. Algunos políticos vascos valoran la conculcación de los Derechos Humanos en base a lo que dicta le ley. Por lo tanto, si la ley vulnera los Derechos Humanos, no es denunciable. Además, en nombre de la ley, se muestran dispuestos a quebrantar los derechos y las libertades más fundamentales. Esta actitud ha abierto en las últimas décadas el camino para instaurar un estado de excepción en Euskal Herria». Con estas palabras, varios de los imputados y condenados por la Audiencia Nacional española en los distintos macrojuicios que se han celebrado hasta el momento se refirieron a la situación que vive este país.
El ex alcalde de Pasaia e imputado en el caso Udalbiltza -que en breve comenzará su andadura en el tribunal especial de Madrid-, Juankar Alduntzin, e Iñigo Elkoro, imputado y en espera de ser juzgado en el marco del macrosumario del 18/98, ejercieron de portavoces para la lectura de una declaración que, a tenor de las permanentes actuaciones represivas contra la izquierda abertzale, sitúa en sus términos el actual contexto político y coloca en perspectiva lo que, a su entender, deparan esos continuos envites al futuro de Euskal Herria.
De entrada, se presentaron: «Nuestro delito ha sido trabajar en la construcción nacional». Confirmaron que la labor que han desarrollado ha sido social, política, comunicativa, institucional y cultural; un trabajo por el que entienden que han sido detenidos, juzgados, condenados y encarcelados.
El futuro, con preocupación
Una presentación que también hicieron suya el resto de participantes en la rueda de prensa, como los imputados por Udalbiltza Maribi Ugarteburu y Loren Arkotxa; los condenados por el movimiento pro-amnistía Aratz Estonba y Jagoba Terrones, y, entre otros, el presidente de EAE-ANV, partido recién ilegalizado, Kepa Bereziartua.
En ese sentido, afirmaron que miran «con preocupación el futuro». Máxime ante el dato que ofrecieron: ya superan los tres centenares la suma de los vascos que «hemos sido involucrados en esta agresión político, judicial, policial y mediática que no tiene fin». Encausados y juzgados, de los que una gran parte se encuentran encarcelados con altas sumas de años de prisión a sus espaldas, casi todos detenidos, incomunicados y «con graves casos de tortura por medio».
La declaración que procedieron a leer censura de manera rotunda que macrojuicios como el de los casos del 18/98, «Jarrai-Haika-Segi» o el movimiento pro-amnistía imponen un carácter delictivo en Euskal Herria a prácticas como opinar, reunirse, manifestarse o solidarizarse con los represalidados políticos.
Es lo que entienden que se desprende de la calificación de «terrorista» que los tribunales españoles han impuesto sobre los distintos organismos y partidos políticos colocados hasta la fecha fuera de la legislación española, pero que, tal y como subrayaron Elkoro y Alduntzin, «somos miles las personas que estamos organizados en los movimientos que han sido castigados, criminalizados y tildados de `terroristas'».
Vulneraciones de derechos
Pero también resaltaron otro dato por el que entienden que son perseguidos y castigados por la Justicia española: porque esas miles de personas que trabajan en la construcción de Euskal Herria como nación también subvierten, a su vez, la Constitución española en el país.
Es por ello que afirman que «miramos el futuro con preocupación», porque, no saciados con los ataques realizados, ven cómo «el Gobierno español, codo con codo con las fuerzas policiales y los jueces, sigue con su ciega apuesta represiva».
Aunque en la diana de esos envites represivos estén, al parecer de los imputados y condenados en los distintos sumarios, el trabajar en defensa de los derechos de los prisioneros políticos vascos, en la construcción de gaztetxes o, entre otros, la defensa del proyecto independentista, sitúan como motivo último «la decisión política de dejar sin ningún derecho ni cauce a todo un sector para su trabajo político, social e institucional. Y esa decisión no es de los jueces, sino del partido que se encuentra en el Ejecutivo».
Así, señalando directamente al PSOE, cuyo secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, es a la vez el presidente del Gobierno español, los comparecientes hicieron hincapié en que «la cada vez más evidente vulneración de derechos que nunca se podrían dar en una democracia, ha abierto camino a este permanente estado de persecución».
Es en ese punto en el que la declaración al que censuraron de forma contundente a los políticos vascos, al entender que ha sido gracias a su proceder la forma por la que ha sido instaurado un estado de excepción en Euskal Herria.
A este respecto, la conclusión que extraen los imputados y los condenados de los distintos sumarios es, en la misma medida, tan clarificadora como desalentadora: «el no respetar estos derechos democráticos fundamentales no trae otra cosa para nuestro país que la prolongación del conflicto».
Al respecto, sin embargo, también cuentan con una reivindicación que, a su vez, proponen como alternativa: «realizamos un llamamiento para que reivindiquemos como pueblo la democracia y los derechos que recoge en sí; el derecho de opinión, el derecho de voto, el derechos a reunirse, el derecho de manifestación y el derecho para poder organizarse, entre otros».
«Tan legítima como necesaria»
Pero también exigieron la desaparición de lo que, a su entender, emplean desde Madrid para mantener la sistemática y permanente conculcación de esos derechos en Euskal Herria: la desaparición de tribunales especiales como la Audiencia Nacional española y de la legislación excepcional como resulta ser la Ley española de Partidos.
Ante todo ese cúmulo de vulneraciones de derechos, que entienden como el elemento central que caracteriza el actual contexto político, también reivindicaron que «en estos momentos, la denuncia de la re-presión es tan legítima como necesaria».
Al respecto, los encausados y juzgados en los distintos sumarios judiciales que comparecieron ayer en Donostia invitaron a los ciudadanos vascos a que acudan a la manifestación nacional que el sábado que viene, 4 de octubre, recorrerá a partir de las 17.30, desde Aita Donostia, las calles de Bilbo para denunciar la escalada represiva que dirige Madrid contra el país.
Después de que la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia, fuera objeto de críticas en su contra aduciendo que se negó a convocar una Junta de Portavoces para que el Consistorio se posicionase sobre los tres atentados que realizó ETA el domingo, la propia alcaldesa emitió ayer un comunicado en el que aclara que ha sido la sentencia de la Sala especial del 61 del Supremo español el que le impide llevar a cabo esa convocatoria. Beitialarrangoitia explica en la nota que su respuesta a la petición fue que no realizaría la convocatoria «ante las posibles consecuencias de la sentencia dictada por el tribunal».
Así, Beitialarrangotia explica que fue una decisión personal, a la par que entendía que «existen vías en el Ayuntamiento que posibilitan el estudio de cualquier cuestión y la adopción de acuerdos que se quiera plantear sin que para ello sea imprescindible» convocar a la Junta. «Ello se debe a que el tribunal establece que los concejales que nos presentamos en su día en la lista de EAE-ANV no podemos actuar como grupo político, siendo precisamente la Junta de Portavoces el órgano municipal que representa a los mismos». No obstante, añade que finalmente la convocó, pero que, por lo expuesto, no acudió.
El mismo día en el que la represión de los estados, en este caso la dirigida por París, se saldó con catorce nuevas detenciones en Lapurdi y Nafarroa Beherea, el movimiento pro-amnistía informó sobre la situación de los vascos recluidos en las prisiones españolas y francesas. Un estado que, a tenor del balance relatado, sigue plagado de aislamientos y continuos traslados penitenciarios.
El más cercano en el tiempo, al tratarse de un hecho ocurrido el pasado jueves, ha sido el accidente que sufrió la prisionera política de Hernani Itxaso Zaldua Iriberri en París. Según informó el movimiento pro-amnistía, el pasado jueves, 18 de setiembre, después de haber sido enviada al Juzgado, el furgón policial que la trasladaba chocó contra un semáforo en el centro de la capital francesa. Gracias a que las esposas que los funcionarios colocaron a la prisionera hernaniarra estaban hacia adelante, Zaldua no resultó herida. Sin embargo, la prisionera política vasca denunció que permanecieron durante cerca de una hora en el centro de la capital francesa, «provocando, así, una gran expectación».
Pero el aislamiento al que someten a los vascos continúa siendo la nota predominante dentro de las cárceles españolas y francesas. Así, el pasado 15 de agosto los vascos encarcelados en Fresnes realizaron un plante de quince minutos para denunciar el aislamiento al que está sometido Graxi Morcillo. Un estado en el que también se encuentran los presos Iñigo Gutiérrez Carrillo, Eneko Galarraga, Unai Frías y Maitane Intxaurraga en la madrileña prisión de Soto del Real. Frías, por cierto, no pudo mantener ni el «vis a vis» ni la visita normal con su compañera al negárselo los carceleros.
Otro prisionero vasco que también permanece aislado desde que fue detenido es el algortarra Arkaitz Goikoetxea, tanto en Soto del Real como en Valdemoro, donde se encuentra preso actualmente. Pero, además, Goikoetxea ha sido enviado a un módulo en el que no ha habido nunca ningún prisionero político vasco; una práctica que también han realizado con el vecino de Barañain Alberto López Iborra en Navalcarnero.
En solidaridad con López Iborra, el resto de presos vascos recluidos en la misma prisión se encerraron en sus celdas el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada.
De la misma forma que López Iborra, el resto de encarcelados en el marco del reciente operativo que llevó a cabo la Guardia Civil en Nafarroa han sido ya trasladados a otras prisiones. Así, Maider Caminos se encuentra en la prisión de Alcalá, mientras que Luis Goñi ha sido enviado a la prisión de Alcalá Meco y Xabier Sagardoi a la de Aranjuez.
Por su parte, Patxo Zabala ha sido trasladado de la prisión de Villena a la de Langraiz e Ibai Aiensa a Granada para realizar unas diligencias. Con el mismo fin también han sido trasladado Juan Carlos Subijana, de Muret Seysses a La Santé, Juan Carlos Arruti, de Puerto I a Valdemoro, Santos Berganza, de Villena a Valdemoro, y Asier Otxoa, de Topas a la cárcel de Valdemoro. Además, el preso Unai López ha sido enviado desde Murcia a la prisión de Granada y el preso de Oñati Mikel Illarramendi desde el hospital de Lyon a la prisión de Moulins Yzeure MA.
A su vez, aunque sin confirmación, GARA ha sabido que los encarcelados del movimiento pro-amnistía han sido ya dispersados.
