La UE está más cerca de imponer una inmigración «altamente cualificada»
La UE ha dado un paso más en su deseo de limitar la inmigración y de abrir las puertas sólo a aquellos inmigrantes considerados «altamente cualificados» y que respondan a las necesidades laborales de cada país. Los ministros de los Veintisiete alcanzaron ayer un acuerdo sobre el Pacto Europeo en materia de Inmigración y Asilo. También dieron otro paso hacia la creación de una «tarjeta azul», dirigida a fomentar la inmigración «selectiva».
GARA |
El Consejo de Ministros de la Unión Europea cerró ayer un acuerdo político para restringir aún más la llegada de inmigrantes a lo «estrictamente necesario» para el mercado laboral. El Pacto, que será aprobado formalmente en la cumbre que los líderes de la UE celebrarán el 15 y 16 de octubre, aboga por una inmigración selectiva, acorde a las necesidades laborales de los países receptores. Además de rechazar las regularizaciones masivas, los Veintisiete apuestan por una «firmeza total» contra aquellos que no tengan los documentos requeridos.
El texto, aprobado por unanimidad, es uno de los principales objetivos de la Presidencia francesa de la UE. Tiene cinco puntos básicos: organizar la inmigración según las necesidades y la capacidad de acogida; combatir la inmigración llamada «ilegal», fortalecer los controles fronterizos; aumentar la cooperación con los países de origen y mejorar el sistema de asilo.
«La UE no dispone de medios para acoger dignamente a todos los inmigrantes que esperan hallar una vida mejor», alegan para justificar la introducción de medidas restrictivas.
Cada país comunitario determinará las condiciones de admisión a su territorio y fijará el número de personas que quiera acoger en función de la demanda de su mercado laboral.
Asimismo, deberá fomentar la integración de los inmigrantes, buscando el equilibrio entre sus derechos y deberes, con medidas específicas para facilitar el aprendizaje de la lengua.
El Pacto hace además una defensa de la identidad y valores de los países y de la propia UE.
En cuanto a la reagrupación familiar, se tendrá en cuenta los recursos y condiciones de residencia, así como el conocimiento del idioma local. Aquellos que no tengan los documentos exigidos serán expulsados. La concesión de los permisos será examinada caso por caso. El ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, uno de los artífices de este Pacto, negó que la UE vaya a convertirse en una «fortaleza, pero tampoco puede ser un colador, porque eso abre la puerta a la clandestinidad y la indignidad». El objetivo es que en la UE únicamente se queden los inmigrantes «altamente cualificados», cuya definición todavía no es definitiva.
Los ministros han propuesto que reciban esa categoría quienes tengan estudios universitarios de al menos tres años o una experiencia profesional demostrable en un trabajo equivalente durante un mínimo de cinco años.
El siguiente paso será la creación de una «tarjeta azul», similar a la «tarjeta verde» estadounidense. Ésta ofrecerá ventajas legales y prácticas a los inmigrantes «más capacitados», que actualmente suelen emigrar a EEUU y Canadá. Además, recibirán un salario anual bruto del 150% del salario medio de cada país, aunque en algunos casos, podrá ser del 120%. En el Estado español, por ejemplo, un inmigrante de este tipo cobraría a partir de unos 33.000 euros brutos anuales.
A comienzos de 2012, como muy tarde, se implantarán los visados con información biométrica, y para esa fecha también tendrá que estar funcionando un registro electrónico de salidas y entrada en la UE.
Pero el Gobierno británico se ha anticipado a esos planes. Ayer, la ministra de Interior, Jacqui Smith, presentó el nuevo carnet de identidad, que, a partir de noviembre, se aplicará a residentes fuera de la UE.
Este documento, de color rosa y azul y del tamaño de una tarjeta de crédito, incluirá la fotografía de la persona, su nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad y estatus migratorio. Lo novedoso es que incluirá un microchip con datos biométricos, como las huellas dactilares.
Smith afirmó que este carnet, muy criticado por las organizaciones de defensa de las libertades cívicas, permitirá a sus poseedores «probar sus identidades de forma fácil y segura». Subrayó que uno de los objetivos del proyecto es «evitar que aquellos que están ilegalmente en el país se beneficien de sus privilegios». Argumentó que las empresas que dan empleo a los ciudadanos de fuera de la UE «quieren tener la seguridad de que la gente es quien dice ser».
El plan del Gobierno es que para dentro de tres años, todos los extranjeros no comunitarios que quieran residir en Gran Bretaña soliciten el carnet, a fin de que el 90% de los extranjeros lo tenga para 2014. Pero, ante la polémica suscitada, Londres ha tenido que retrasar su entrada en vigor para los británicos, prevista para 2010, y, temporalmente, ha renunciado a implantarlo con carácter obligatorio.
