La historia reciente no permite augurar nada bueno sobre las intenciones que, de momento, esconde París tras la detención de catorce significados militantes vascos en Ipar Euskal Herria. Extradiciones, euroórdenes, entregas ilegales, alargamiento de condenas y endurecimiento de las condiciones de los presos políticos... todos los ejemplos de las respuestas que en cada momento ha dado el Estado francés a los requerimientos de Madrid apuntan en una misma dirección: la represión.

Pero si hasta que París ponga las cartas sobre la mesa habrá que tener un poco de paciencia, para conocer las intenciones del Gobierno español no ha habido que esperar gran cosa. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ofrecía ayer públicamente su «colaboración incondicional» a las autoridades francesas y «todo lo que necesiten para construir el proceso penal» que conduzca a la ilegalización de Batasuna en el Estado francés. El inquisidor del PSOE despejaba cualquier duda sobre la urgencia del interés español en la operación mientras aumentaba, sin recato ni embarazo, la presión sobre París. Una presión que empieza a ser insoportable para parte de la clase política francesa en Ipar Euskal Herria, a la que aún no llegan los efluvios de la borrachera ilegalizadora de las tierras del Cid, y que ayer mismo pedía ya mesura, cautela y defensa de las libertades públicas.