El Estado francés, contra Batasuna
Interrogatorios políticos y 42 horas de registro a Batasuna
La práctica totalidad de los catorce detenidos detenidos en la operación contra Batasuna está ya en libertad. Anoche acababa de quedar libre Xabi Larralde y sólo seguía en comisaría Jean-Claude Aguerre. Acababa de finalizar el registro de la sede de Baiona, tras tres días casi enteros. Tanto este hecho como los interrogatorios a los arrestados y las filtraciones policiales apuntan a que la intención final de París es ejecutar la ilegalización de esta formación política.
A.M. | BAIONA
El goteo de puestas en libertad que comenzó anteayer al atardecer con Eñaut Elosegi, Jokin Etxebarria, Gwenaëlle Morvan y Giuliano Cavaterra prosiguió durante la jornada de ayer. Así, a partir del mediodía quedaba libre Jean-François Lefort y en las siguientes horas ocurría lo mismo con Patricia Martinon, Aurore Martin, Haritza Galarraga, Maider Duhalde, Antton Etxeberri, Frederic Karrikart, Jon Irazola y -ya entrada la noche- Xabi Larralde. Sólo seguía arrestado Jean-Claude Agerre, en dependencias policiales de Pau. Poco antes, en torno a las 21.00, había concluido el larguísimo registro de la sede de Batasuna en la capital labortana.
También se tenía conocimiento ayer tarde de la inminente liberación de Cédric Garai, uno de los cuatro militantes que permanecen en prisión desde hace un año tras la operación contra Kalaka.
Según han relatado los liberados, el trato recibido en comisaría ha sido «correcto». Los detenidos, además, no estaban aislados entre ellos, por lo que se mantuvieron en contacto todo el tiempo. En cuanto a los registros efectuados en sus respectivos domicilios el primer día, destacaban que en el caso de Aurore Martin fue «particularmente duro y largo» (se prolongó desde primera hora hasta las 21.00 horas), y que la mantuvieron esposada a la espalda mientras se produjo.
En cuanto a las imputaciones, explicaban que en la operación se «entremezclaron» tres investigaciones. Por un lado, el ya conocido como «caso Kalaka», en el que la pretensión de la Policía era implicarles en una supuesta red de «financiación del movimiento independentista». Por otro, el caso de los ataques al complejo hostelero Ostape de Bidarrai y, junto a ello, una investigación preliminar sobre el dinero procedente de la financiación a EHAK.
No parece que las juezas Le Vert y Houyvet, que están en Euskal Herria desde que comenzara la operación el pasado miércoles, se estén encargando directamente de este último asunto. Por los testimonios recabados, se trataría por el momento de una investigación preliminar y es la Brigada que lleva los casos relacionados con la «financiación del terrorismo» quien la dirige.
¿Ilegalización «inminente»?
Sin embargo, a medida que se obtienen datos cobra fuerza la hipótesis de que el objetivo sea la ilegalización de Batasuna en el Estado francés.
Según ETB, que citaba anoche fuentes de la Gendarmería, en los registros efectuados se habrían encontrado elementos válidos para actuar en esta línea. Se hablaba incluso de que la Fiscalía comenzaría hoy a agruparlos con vistas a una medida que se presenta como «inminente».
La formación abertzale que en el Estado francés tiene un estatus jurídico de asociación podría quedar, con el argumento de haber realizado «actividad criminal», fuera de la ley por simple vía administrativa.
Sea como fuere, desde el miércoles, el espectacular modus operandi de jueces y Brigadas especializadas ha generado preocupación y enfado en los medios políticos y sociales de Ipar Euskal Herria. Numerosos electos y representantes políticos lo han considerado como un ataque a la libertades políticas, y el mimetismo con procedimientos usados en el Estado español ha incrementado el convencimiento de que se trata de construir una ilegalización.
es aproximadamente el tiempo que ha durado el registro de la sede de Batasuna de Baiona. Xabi Larralde ha estado presente durante todas esas horas.
Desde que el pasado lunes seis personas fueran detenidas en varias localidades de Lapurdi y Nafarroa Behera, la semana ha sido pródiga en sobresaltos, pero también en movilizaciones. En los pueblos de algunos de los detenidos, nunca antes se habían conocido concentraciones tan numerosas.
Tras un martes de «recuperación», al haber quedado los seis detenidos en libertad sin cargos, la operación policial del miércoles contra Batasuna sacaba de nuevo a la gente a la calle.
El mismo miércoles, cerca de 900 personas se movilizaron en las localidades de los detenidos y durante los siguientes días las protestas se han repetido.
Así, ayer al mediodía unos cincuenta estudiantes de los liceos de Baiona plasmaron también su protesta ante el Ayuntamiento, desde donde se dirigeron a la sede de Batasuna. Por la noche, unas 250 se manifestaron en Hazparne, donde el recién liberado Jean-François Lefort tomó la palabra.
Para hoy, la formación abertzale ha convocado una manifestación en Baiona que partirá, a las 16.00 horas, de la llamada Plaza de los Vascos bajo el lema «Euskal Herria onartu, errespetatu. Herria aitzina, Batasuna aitzina».
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sería el encargado de juzgar a cinco de los imputados en la causa abierta contra EHAK. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió el procedimiento contra la formación abertzale en el que se encuentran encausados una treintena de ciudadanos vascos, pero ha decidido inhibirse tan sólo en el caso de cinco de ellos.
La Fiscalía reclamó hace unos días que trasladara al TSJPV el caso contra dos de las procesadas debido a la condición de aforadas de las parlamentarias de Ezker Abertzalea Nekane Erauskin y Karmele Berasategi. Y la defensa pidió que fuera el mismo tribunal el encargado de juzgar a todos los imputados. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJPV se declaró competente para llevar esta causa y pidió a Garzón su inhibición en lo referente a tan sólo cinco de los imputados. Además de Erauskin y Berasategi, pasa a Bilbo lo relativo al presidente de la formación Juan Carlos Ramos y a los tesoreros Jesús María Agirre y Sonia Jacinto.
El magistrado de la Audiencia Nacional continúa adelante con el procedimiento contra el resto de encausados. Entre ellos se encuentran los empleados con contrato en vigor que percibieron sus emolumentos de modo legal. Garzón imputa a todos «colaboración» con ETA y hace un par de semanas algunos de ellos tuvieron que acudir a declarar al tribunal especial.
