La explosión de una bomba, a la 1.15 de la madrugada, ocasionó cuantiosos desperfectos en el Palacio de Justicia de Tolosa, que sufrió la rotura de todos sus cristales y en una de cuyas fachadas se abrió un boquete de unos tres metros de diámetro. Fuentes del Departamento de Interior de Lakua informaron de que el artefacto contenía cinco kilos de explosivo y estaba colocado dentro de una mochila que dos personas depositaron sobre las 00:15 en el suelo, junto a la pared de la fachada del edificio situado en la plaza San Juan Arramale.

La DYA de Gipuzkoa recibió una llamada en nombre de ETA a las 00.47 alertando de la explosión. Inmediatamente, se desplazaron al lugar numerosos efectivos de la Ertzaintza, que localizaron la mochila y acordonaron la zona antes de la explosión. La onda expansiva y la metralla provocaron desperfectos en algunos edificios próximos, como el ambulatorio, sin que se produjeran víctimas; sólo una persona afectada por dolor de oídos fue remitida a un centro sanitario. También resultó dañada una veintena de vehículos.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, que acudió al lugar ya entrada la mañana de ayer, explicó que, cuando los militantes de ETA colocaron la mochila, en el interior del Palacio de Justicia se encontraba un guarda de seguridad, quien en ese momento «estaba monitorizando otra zona del edificio», por lo que no se dio cuenta de lo que ocurría. El vigilante salió del edificio tras ser avisado por la Ertzaintza; según Azkarraga, lo hizo «con muy poco tiempo» de margen y «se ha salvado de milagro». Además, se mostró seguro de que las cámaras de seguridad «han grabado el momento de la colocación» de la bomba.

Las reacciones de representantes institucionales, de la magistratura española y de partidos políticos se sucedieron desde primera hora de la mañana. Estos mensajes fueron dirigidos contra ETA, contra la izquierda abertzale y, como se hizo desde el PP, tampoco faltaron las críticas al Gobierno de Juan José Ibarretxe.

Urkullu: «Excepcionalidad»

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, aludió al lema que encabezó la manifestación que horas después se celebraría en Bilbo, para criticar a la izquierda abertzale: «Algunos denuncian vivir en un estado de excepción, y es la sociedad vasca la que vive en una situación de excepcionalidad». «Euskadi es el último reducto de Europa Occidental en el que se sigue practicando la violencia, atemorizando a la sociedad vasca y atentando contra bienes humanos y bienes materiales», añadió durante una rueda de prensa con motivo de una jornada de trabajo sobre políticas deportivas que su partido celebró en la capital vizcaina.

La parlamentaria de EHAK Nekane Erauskin, en declaraciones a Radio Euskadi, sí enmarcó en ese contexto el atentado de ETA, insistiendo en que el estado de excepción se refleja en las ilegalizaciones de partidos y organismos sociales, en la práctica de la incomunicación -recordó el caso de los cuatro jóvenes navarros que fueron conducidos ayer mismo a la Audiencia Nacional-, las torturas...

Joseba Azkarraga -dirigente de EA además de consejero de Justicia- también hizo referencia a la exigencia de «un marco democrático para Euskal Herria» que hace la izquierda abertzale, a la que se dirigió para resaltar que ese objetivo «no se consigue» con atentados «sino por vías estrictamente políticas y a través del diálogo». En similares términos se pronunció EB, mientras que Aralar volvió a exigir a ETA «el abandono inminente y sin condiciones del uso de las armas».

Regresando a Tolosa, los grupos municipales de PNV, EA, EB-Aralar, PSE y PP suscribieron una nota de condena. Bajo el texto, junto a las siglas, se indicaba que la nota fue aprobada «por unanimidad de todos los grupos del Ayuntamiento de Tolosa». En las últimas elecciones municipales, celebradas en 2007, fueron anulados más de 2.000 votos, por lo que la izquierda abertzale sería el segundo grupo en número de ediles si no se aplicase la Ley de Partidos española.

Tras manifestar su solidaridad con las personas afectadas, el Ayuntamiento afirmaba que las acciones de ETA «suponen el desprecio a la voluntad y el compromiso de la ciudadanía vasca de construir una sociedad asentada en la democracia y los derechos humanos».