Dante SANJURJO

La decisión del Gobierno de reformar el fichero Edvige no es, para los oponentes a la creación de este sistema de vigilancia, más que una primera victoria. El pasado 19 de setiembre, y a instancias del presidente, Nicolas Sarkozy -ansioso por poner en sordina una polémica cada vez más viva-, la ministra de Interior, Michéle Alliot-Marie, entregó a la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) una nueva versión del decreto para crear el fichero Edvige. Todavía en estudio, el fichero Edvige 2, oficialmente bautizado como Edvirp, censará a las «personas cuya actividad individual o colectiva indique que pueden poner en peligro la seguridad pública».

Modificaciones insuficientes

Pero las modificaciones incluidas son juzgadas insuficientes por el colectivo «Non a Edvige!», que había recibido a fecha de 23 de setiembre 196.410 firmas de apoyo, incluidas 1.138 organizaciones, partidos políticos y sindicatos. «Sólo hay unos pocos cambios», constata Jean-Claude Vitran, responsable en la Liga de Derechos del Hombre del grupo de trabajo sobre las libertades y las nuevas tecnologías. «Exigimos la abrogación de Edvige 1 y la retirada de Ecvige 2, que los parlamentarios se reúnan para estudiar el conjunto de los ficheros policiales y la reconsideración del sistema de investigación y el refuerzo de los medios de la CNIL».

Menores fichados sin pruebas

La FSU, primera federación sindical de maestros, se felicita por un «innegable primer triunfo» pero advierte de que «el mantenimiento de un fichero de menores a partir de 13 años sobre la base de presunciones es inaceptable». El nuevo texto prevé únicamente destruir las informaciones cuando lleguen a la mayoría de edad y si no han cometido una infracción antes de los 18 años. «Hay una explosión de la delincuencia juvenil», explica a GARA el portavoz del Ministerio de Interior, Gérard Gachet. «El 46% de robos con violencia y el 25% de las violaciones son cometidos por menores. Este fichero permitirá la prevención: cuando un policía repare en un joven que frecuente malas compañías, podrá vigilarlo y acudir a sus padres para impedir que caiga en la delincuencia»

Poco convencida por el argumento, Dominique Versini, Defensora del Menor -autoridad administrativa independiente creada en el año 2000- recuerda que los menores ya pueden estar fichados en el registro judicial nacional, en los ficheros Stic (personas ligadas a infracciones constatadas por la Policía), Fijais (autores de infracciones sexuales), Eloi (extranjeros expulsables y sus allegados) y Judex (Gendarmería).

Segunda concesión del Gobierno: aunque el Edvige 2 mantiene el fichero de «personalidades» asociativas, políticas, sindicales o religiosas, el alcance de las investigaciones ha sido reducido (supresión de datos sobre la salud y la vida sexual, pero mantenimiento posible de los orígenes étnicos), y el fichero no será gestionado por la Policía sino por la Administración a nivel de Prefecturas. «Estos ficheros serán consultables previa petición de la Policía», precisa Gérard Gachet.

El Gobierno, por lo tanto, tendrá acceso directo a estas informaciones, porque las Prefecturas están bajo su autoridad, Algo que inquieta a Jean-Claude Vitran. «A partir del momento en que se comienza a fichar a la gente porque pertenecen a asociaciones políticas, filosóficas o religiosas, se puede hablar de Policía política».

Déficit democrático

«Actuar por decreto sobre semejante materia es una prueba de autoritarismo», añade el defensor de los derechos humanos. «Si las asociaciones no hubieran logrado movilizar a la opinión pública en contra, Edvige estaría en vigor sin que nadie se hubiera apercibido. Este tipo de ficheros debería ser creado por el Parlamento, por una ley debatida y puesta en conocimiento de los ciudadanos».

La CNIL tiene un mes para emitir su dictamen sobre el nuevo decreto, que será entregado al Consejo de Estado. Paralelamente, la Comisión legislativa de la Asamblea Nacional decidió, por unanimidad, la creación de una misión de información sobre los ficheros policiales. Existen en el Estado francés una cuarentena de ellos y, en un informe fechado el 30 de julio, el Comité contra la Tortura de la ONU mostró su «inquietud por la proliferación de bases de datos» y advirtió que «tras los informes recibidos, la recogida, almacenamiento y utilización de datos personales sensibles contenidos en bases de datos como Edvige o Stic puede plantear dudas con respecto al artículo 19 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos (`nadie será objeto de intrusiones arbitrarias o ilegales en su vida privada')».

Alex Türk, presidente de la CNIL y senador heterodoxo de derecha, va más allá y, en una reciente entrevista concedida al diario «Télérama», asegura que los ficheros no son sino la punta del iceberg. «El mayor peligro es el seguimiento de personas a través del móvil o de la tarjeta de crédito, pero también mediante la videovigilancia, la geolocalización, los sistemas biométricos... Esto es lo más preocupante a día de hoy para la CNIL. Estamos a punto de caer, de manera silenciosa y probablemente inconsciente, en una civilización numérica cada vez más peligrosa».