Los estados español y francés nos obligan a ser parte de ellos y la Iglesia católica, ahora con el apoyo impagable del Tribunal Supremo, también nos fuerza a seguir engrosando sus números queramos o no. Poco le importa que cada vez haya un mayor número de personas que en su día -cuando no podían decidir- fueron bautizadas y ahora quieran dejar de formar parte de una institución que jamás han escogido y que trata de imponer una ideología que está en contra de sus propias creencias. Vamos, que la libertad de conciencia, a ella que tanto apela a la conciencia, le importa un bledo.

La declaración de apostasía es el único medio que la Iglesia católica reconoce, en principio, para que una persona bautizada deje de pertenecer a ella de forma voluntaria, ya que no ejercer la práctica religiosa -en 2004 sólo el 28,4% de las y los católicos del estado español se declaraban practicantes- si no hay una manifestación formal de abandono de la Iglesia no tiene ningún efecto. Pero apostatar, hasta ahora, era una auténtica prueba de resistencia, porque la Iglesia se ha dedicado a poner todas las trabas burocráticas posibles a las declaraciones de apostasía. Ahora, con la sentencia del TS que permite a la Iglesia burlar la Ley de Protección de Datos -a la que hasta ahora se acogían quienes querían apostatar para hacer desaparecer sus datos de los libros de bautismo- va a resultar una misión casi imposible.

En este camino se quedan, de momento, las casi 500 peticiones de apostasía que dentro de la campaña que ha realizado para darse de baja de la Iglesia católica -por machista, patriarcal, homófoba, clasista y antidemocrática- ha tramitado la Asamblea de Mujeres de Bizkaia ante la Agencia Estatal de Protección de Datos, por lo que habrá que buscar otros caminos. El jurídico es el recurso de amparo individual ante el Tribunal Constitucional. El político, forzar al Gobierno español a que legisle a favor de la libertad de conciencia, para dar cauce legal a la demanda y derecho a la apostasía de forma pública.

Vista la connivencia que increíblemente se está dando entre el Gobierno y la Iglesia católica, parece claro que éste no va por ese camino. De hecho en octubre de 2007 ya se salió por la tangente ante la propuesta de IU de crear por ley un registro estatal de autoexpulsados de la Iglesia. Los funerales de Estado católicos, las tomas de posesión de cargos públicos presididas por crucifijos y, sobre todo, la injusta financiación de esta Iglesia -a pesar de sus manifestaciones en defensa de la familia tradicional, su frontal rechazo al matrimonio homosexual, o contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, por citar sólo sus «cruzadas» más recientes- indican que el PSOE no apuesta realmente por un Estado laico.

Habrá que presionar, pues, para ejercer el legítimo derecho de apostatar y no seguir figurando en estadísticas que se utilizan como argumento para mantener privilegios, denunciando, una vez más, que los poderes públicos no se pueden plegar a los intereses de la jerarquía católica.