El ministro federal de Interior, Wolfgang Schäuble (CDU), está a punto de conseguir uno de sus más anhelados planes para convertir a Alemania en un Estado policial: Legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas, la Bundeswehr, en tareas policiales. Tras largos años de agrios debates, el SPD apoya la idea hasta el extremo de que la ministra de Justicia, Brigitte Zypries, ha dejado claro que sólo hablará de ello con sus correligionarios para convencerles pero no para renegociar el acuerdo logrado en el seno de la Gran Coalición. Este autoritario estilo, mostrado de forma tan abierta, es relativamente nuevo en el SPD, pero muestra el nerviosismo que reina en el bipartito liderado por la canciller Angela Merkel (CDU).

No sin razón, porque la ampliación de los poderes de la Bundeswehr hiere muchas sensibilidades. Los defensores de los derechos civiles se sienten agredidos, pero también ha molestado a algunos ministro-presidentes de los estados federales. Entre estos últimos está el cristianodemócrata Jürgen Rüttgers, de Renania de Norte-Westfalia, a quien no les gusta que la coalición haya decidido que en adelante va a ser el Gobierno federal el que decide cuándo, dónde y en qué medida las Fuerzas Armadas van a cooperar con la Policía. Rüttgers y otros homólogos suyos ven peligrar la soberanía de sus länder. Por eso, podrían frenar el plan del Gobierno en la Cámara Alta del Parlamento.

Cada estado tiene su propia Constitución -con su correspondiente Corte Constitucional- y, además, dispone de su propio aparato policial. La Policía Federal (BP) y el Departamento de Policía Criminal (BKA), adscritos al Ministerio Federal de Interior, sólo pueden intervenir en un estado cuando éste lo permite, aunque, en este caso también, la excepción confirma la regla. Por supuesto, la lucha «antiterrorista» de los años 70 y 80 ha contribuido a que las fuerzas de seguridad y los servicios secretos regionales colaboren con las estructuras federales, pero la proyectada intervención de la Bundeswehr como otro actor federal más podría romper este equilibrio de fuerzas.

El Gobierno de Berlín justifica el cambio de la Constitución por la laguna legal que, en su opinión, rodea la actuación de la Bundeswehr en territorio alemán. Schäuble y sus adeptos piensan que la reforma es necesaria para que en adelante los cazas de la Luftwaffe puedan derribar aviones secuestrados o para que los cañones antiaéreos del Ejército protejan centrales nucleares o empresas químicas contra pilotos kamikaze.

Hasta el momento, la Ley Fundamental (así se llama la Constitución provisional de la Alemania Federal desde 1949) prohíbe la intervención del Ejército en asuntos domésticos. Si se interpretara la Magna Carta a rajatabla se podría llegar a la conclusión de que no se debería permitir la ayuda militar ni cuando ocurran catástrofes naturales.

Los críticos temen que, en adelante, los soldados refuercen a los policías convirtiéndose en otro poder represivo. Hace medio siglo se decidió emplear el Ejército sólo para fines militares, porque muchos recordaban las masacres cometidas por los soldados entre la población obrera en los años 20. Las víctimas más famosas fueron los líderes comunistas Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, en 1919.

De hecho, el Ejecutivo de Merkel quiere recurrir al arsenal militar para controlar al creciente movimiento anticapitalista. La primera intervención de la Bundeswehr en este ámbito tuvo lugar en 2007 durante la cumbre del G8 en Heiligendamm: Vehículos blindados vigilaban con su cámaras y radares a las manifestaciones, una unidad de antidisturbios de la Policía Militar protegía un aeropuerto, helicópteros militares transportaban a policías y barcos de la Armada reprimían una acción espectacular de Greenpeace ante la costa de Heiligendamm.

Pero no quedaría ahí la cosa, porque todas las tropas que son empleadas en «operaciones humanitarias» son adiestradas para reprimir protestas. El instituto pacifista IMI de Tubinga ha detectado varios «juegos de guerra» en los que los militares se entrenaban para reprimir una huelga reconquistando una fábrica tomada por los obreros.

La decisión del Gobierno de Merkel se enmarca en un paquete de medidas que desde 2001 ha recortado la esfera privada: Archivo de todos los datos de comunicación, pasaportes con radiochip (RFID), videocontrol, amplias competencias para las fuerzas de seguridad, incluido un nuevo sistema informático, colaboración entre patronal y servicios secretos para detectar a «sospechosos» en industrias «sensibles»...