En el mundo todavía 125 millones de trabajadores están cada día en contacto con el amianto. Su prohibición en determinadas zonas como en la Unión Europea, ha hecho es que el problema se desplace a los países menos adelantados. A ellos se les ha traspasado la responsabilidad de este grave problema que en la UE de los 15 provocará la muerte de 500.000 ex trabajadores hasta el año 2030.

François Desriaux, presidente de la asociación francesa Andeva reconoce que la manifestación de unos 6.000 afectados por el mineral cancerígeno tuvo como objetivo, en esta ocasión, que «las instrucciones judiciales de las demandas de los contagiados por amianto se aceleren». La asociación que preside reclama «un proceso a nivel estatal contra el amianto» para dejar claro de una vez por todas que muchos empresarios del Estado francés no tuvieron en cuenta las medidas de prevención y seguridad.

«Se trata -según expresó Desriaux- de que el proceso del amianto obtenga el mismo impacto que tuvo el de la sangre contaminada». La asociación Andeva reconoce que algunas demandas judiciales llevan depositadas en los juzgados desde 1996 y, según denunciaron los afectados en las calles de la capital francesa, «fuentes optimistas de la Policía judicial nos han indicado que no se cerrarán algunos procesos de investigación antes de 2014».

Realidad incómoda

El amianto es una realidad que incomoda a los poderes públicos. En el Estado francés las medidas de apoyo a los afectados son mayores que en el Estado español, sin embargo los problemas con la Administración pública están a la orden del día. François Desriaux también dejó claro que la manifestación de París, que se repite en estas fechas más o menos todos los años, denunció que el consumo de amianto en el mundo es elevado, «a pesar de conocerse las consecuencias malignas»

Los datos existentes de 2006 indican que se produjeron 2,1 millones de toneladas de amianto en Rusia, Kazajstán, China, Canadá y Brasil. Esos mismos consumieron más de la mitad. Desriaux se pregunta si «pretender en 2008 que el amianto no es peligroso, sacrificar la vida de decenas de miles de trabajadores de los países emergentes simplemente para continuar aumentando los beneficios financieros de las empresas no es un crimen contra la humanidad».

Los efectos del amianto todavía no se conocen en su totalidad, ya que los problemas de salud tardan en aparecer por encima de quince años en la mayoría de los casos. La latencia de esa enfermedad es un inconveniente para determinar en muchas ocasiones la falta de seguridad y de prevención en algunas empresas. En el Estado francés existe un fondo para los afectados y se les permite la prejubilación, aunque el Gobierno de Nicolas Sarkozy intentó restringir las ayudas. En el Estado español no existen esas ayudas, aunque es una reclamación permanente.

La realidad del amianto es muy dura. Se calcula que hasta 2030 podrían fallecer en el Estado español entre 40.000 y 50.000 personas, de las que unas 10.000 serán ex trabajadores que han desarrollado su actividad en Hego Euskal Herria. En la Unión Europea de los Quince se calcula que ese mineral cancerígeno se cobrará la vida de 500.000 personas. Un estudio realizado en determinadas zonas del Estado francés comprobó que no sólo los trabajadores estuvieron expuestos al amianto, sino que las poblaciones cercanas a las empresas.

La gravedad de la situación hace que las administraciones públicas miren hacia otro lado, en vez de afrontar el problema con todas las consecuencias. Hay que tener en cuenta que más de 80 millones de toneladas de amianto recubren hoy edificios y estructuras de los países de la UE. También se sabe que el Estado español importó desde 1965 a 2000 «casi tres millones de toneladas de amianto» como explica Angel Cárcoba, experto en esta materia y miembro de CCOO, que contempla el futuro con preocupación.