El Partido Comunista Chino (PCCH) ha aprobado, en su sesión anual, un plan de reformas del sector rural destinado a mejorar la situación de 800 millones de campesinos, el 56% de la población del país.

El tercer plenario anual del Comité Central, que ha reunido durante cuatro días a medio millar de cuadros del partido, aprobó una modificación de la legislación vigente en un país en el que los campesinos cuentan con un derecho de uso de la tierra, propiedad del Estado. Desde 1978, año de la llegada al poder de Deng Xiaoping, China adoptó una política de propiedad colectiva de la tierra por la cual los pueblos asumían la propiedad mientras que los arrendadores la gestionaban a pequeña escala a través de contratos.

Sin otorgar el derecho de propiedad, la nueva reforma permitirá a los campesinos vender o alquilar derechos sobre la tierra, «medidas necesarias porque muchos campesinos se van a las ciudades como trabajadores migrantes». El sistema estará basado en la responsabilidad de contrato familiar, que confía la administración y producción de tierras de cultivo de propiedad pública a familias a través de contratos a largo plazo.

La intención es duplicar el ingreso disponible per cápita de los trabajadores rurales para 2020 respecto del nivel de 2008.

Cada año se producen miles de protestas por expropiaciones forzosas de tierras a los campesinos por parte de políticos especuladores.

Estas medidas, que siguen a la supresión del histórico impuesto agrícola o al anuncio en 2006 de medidas a favor de las escuelas rurales, son parte del proyecto de creación de una sociedad «armoniosa» liderado por el presidente, Hu Jintao.