El culebrón que colea en las filas de la derecha ha robado cierto protagonismo en Navarra al tema-estrella de este inicio de curso: la crisis económica. Sin embargo, detrás de la polémica entre UPN y PP subyacen intereses económicos que conviene recordar.

Hace casi un año, Gobierno de Navarra y Gobierno central anunciaron un principio de acuerdo para financiar las obras del TAV, repartiéndose entre los dos la ejecución de los diferentes tramos y, por tanto, la codiciada gestión de las concesiones a las empresas constructoras. Parecía que tan sólo faltaba el acto protocolario de la firma y, sin embargo, se ha retrasado considerablemente, para disgusto de los regionalistas navarros; tras el movimiento de UPN, es de esperar que en breve se desbloquee esta importante cuestión para la economía de algunos navarros.

En efecto, mantener la gestión económica y política de Navarra es una prioridad para UPN y está dispuesto a compartirla con el PSN no tanto por su exigua fuerza en Navarra, sino por su condición de gestor del Estado en Madrid. La previsible ruptura del pacto UPN-PP, además, serviría a Sanz y compañía para reforzar su imagen de «defensores de los intereses de Navarra», mito que vienen alimentando las elites navarras desde la Conquista con el fin de legitimar socialmente esa «Navarra foral y española» que pretenden gestionar a perpetuidad. Pero un análisis de la política económica del Gobierno de Navarra y las últimas decisiones adoptadas «para hacer frente a la crisis» nos demuestra que, más que los intereses de Navarra, el tripartito de facto UPN-PSN-CDN defiende los intereses de las elites mencionadas.

El Gobierno se está esforzando en trasladar un mensaje sobre la coyuntura económica cuasi-infantil: «La crisis viene de fuera (faltaría más) pero tranquilos porque el Gobierno sabe lo que hace y va a tomar las medidas adecuadas para hacerle frente». Para hacer creíble esa idea y dar la sensación de que actúa eficazmente ante la crisis, han juntando en un mismo documento (el Plan Navarra 2012) una serie de inversiones en obras públicas para los próximos cuatro años que, por otro lado, ya estaban previstas.

El señor Sanz actúa como portavoz de la patronal, lanzando desde su tribuna varios mensajes anti-obreros. Destaquemos dos de ellos: «Los que tienen el privilegio de tener trabajo deben solidarizarse con los que no lo tienen, especialmente los funcionarios»... y, por lo tanto, deben aceptar gustosamente la pérdida de poder adquisitivo. Miguel Sanz considera privilegio lo que es un derecho, el derecho al trabajo. Además, utiliza a los trabajadores-as de la administración como cabeza de turco para arremeter contra la clase trabajadora. Es la vieja táctica de la ultraderecha para dividir a trabajadores y trabajadoras, echar la culpa de la crisis a los inmigrantes, o a las funcionarias, o cualquiera que no sean los propios capitalistas.

«El Gobierno se va a congelar el sueldo para dar ejemplo». Pretender ser ejemplar, cobrando 90.000 euros al año más suculentas dietas, ante trabajadores y trabajadoras que no llegan a los 14.000 anuales (más o menos un tercio de la población), es un ejercicio de cinismo impresionante. Pero además, contiene una amenaza implícita a la clase trabajadora: «Seguid nuestro ejemplo y aceptad la congelación de vuestro sueldo».

Tal vez sea su vocación de ser ejemplar lo que mueve al Gobierno de Navarra a actuar inflexiblemente con su propia plantilla: se niega a entablar una negociación seria en torno al convenio y aplica una subida salarial de tan solo un 2%, cuando la inflación ronda el 5%. De esta forma, 28.000 trabajadores y trabajadoras han perdido notablemente poder adquisitivo. Es ejemplar, igualmente, su política de contratación: mientras que la eventualidad en el sector privado es del 25,5%, en el ámbito público asciende al 36,52%. Increíble pero cierto.

Siguiendo los pasos de los gobiernos circundantes, el de Navarra ha decidido transferir recursos públicos a los empresarios con el fin de sostener su tasa de ganancia: agilización de la devolución de impuestos a las empresas, reducción del Impuesto de Sociedades, ayudas a multinacionales para la implantación de plantas... Especialmente preocupante resulta esta última cuestión, puesto que la política de las multinacionales es rapaz: se aprovechan de las ayudas y ventajas fiscales, hasta que les resulta más rentable llevarse la producción a otro lugar, como hemos visto con Dura antes del verano y Enia este inicio de curso. Pero el caso de KYB va más allá, ya que es el propio Gobierno el que impulsa con dinero público una planta en Los Arcos, mientras KYB amenaza con 200 despidos en Ororbia.

La Consejería de Empleo está aceptando todos los expedientes de regulación o de suspensión de empleo que le presentan los empresarios. Así, éstos pueden utilizar abusivamente los expedientes para sostener los beneficios en los bajones de producción. En vez de utilizar los beneficios obtenidos en los picos de producción para compensar las épocas de menor actividad, pretenden tener una plantilla de «usar y tirar».

Mientras entrega dinero público a los empresarios, el Gobierno recorta un 3,5% los presupuestos de 2008 y anuncia unos presupuestos «austeros» para 2009. Es decir, habrá menos dinero para invertir en educación, sanidad, protección social y servicios para la ciudada- nía. Así, los mismos que están sufriendo en primera persona las consecuencias del alza de los precios sufrirán ahora la rebaja de servicios y derechos.