El juez Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo, a la vez que ordena la exhumación urgente de 19 fosas comunes (entre ellas la de Ezkaba) en un auto en el que asegura que «los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos... que fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados».

Este párrafo constituye prácticamente la única luz en un proceso judicial sobre el que se ciernen innumerables sombras. La primera envuelve al propio magistrado, que no disimula una personalidad egocentrista y ávida de protagonismo, que conseguirá a raudales acusando de crímenes contra la humanidad al propio Franco y a otros 34 altos cargos de las instituciones de la dictadura, todos ellos fallecidos.

El auto no hace más que reconocer lo que la Historia ya ha recogido, y lo que en los últimos años familiares de víctimas y organismos como Ahaztuak vienen denunciando sin apenas apoyo institucional. No va más allá. Y si parece colocar al franquismo en la diana del proceso, lo hace sin cuestionar ni un ápice de la herencia de aquella dictadura, cuya sombra se alarga hasta cubrir la propia Audiencia Nacional. El franquismo, eso salta a la vista en Euskal Herria, sobrevivió a la muerte del dictador y sus herederos están vivos y siguen disfrutando de total impunidad.