Jaione Karrera es la abogada de casi todos los últimos jóvenes detenidos en Nafarroa, incluidos los dos que fueron arrestados en las mismas puertas de la Audiencia Nacional (Mikel Jiménez y Aritz Azkona). Es, por tanto, la principal referencia para analizar una serie de redadas encadenadas que parecen asentar un nuevo modus operandi policial, marcado por la ampliación del concepto de «incomunicación». Todo ello está rodeado por el silencio político: ayer, como habían anunciado, UPN, PSN y CDN vetaron la comparecencia de los familiares en el Parlamento, que había sido propuesta desde Nafarroa Bai. La iniciativa ni siquiera superó el acceso a trámite.

Vistas las especificidades de estas detenciones, ¿estamos ante un salto cualitativo?

No lo creo. Que detengan a numerosos jóvenes, que los incomuniquen y encarcelen acusados de constituir `grupos Y' y participar en acciones de kale borroka no es algo nuevo, desgraciadamente. El salto cualitativo se produce tras la sentencia del Tribunal Supremo que declaró «organizaciones terroristas» a Jarrai-Haika-Segi. Ahora se detiene a jóvenes comprometidos con actividades políticas y sociales y se les acusa de pertenecer a una organización terrorista y de llevar a cabo diferentes acciones de sabotaje como miembros de esa organización.

¿Hay paralelismos con la macrorredada de 1996, que deparó más de un centenar de detenciones en Nafarroa?

Sí. Están deteniendo a cuadrillas de jóvenes que simpatizan o trabajan en organizaciones de izquierdas y abertzales, los incomunican, y bajo tortura y mal- trato les obligan a declarar contra sí mismos y contra terceros, generalmente contra sus propios grupos de amigos. Y usan estas detenciones para poder detener y encarcelar, cuando ellos quieran, a más jóvenes.

La secuencia es idéntica: primero, detenciones por ser de Segi; luego, denuncias de torturas en la incomunicación; y al final, imputaciones concretas... Según este diseño, ¿la tortura es la clave para «atar» jurídicamente las imputaciones?

En primer lugar, a día de hoy no sabemos cuáles son realmente los hechos concretos que se les imputan. La causa está secreta y únicamente conocemos qué es lo que han declarado bajo tortura, según han denunciado. Así que tampoco sabemos si tenían o no alguna prueba de lo que se les acusa o si es tras su detención, con esas declaraciones obligadas, como se construyen las acusaciones. En cualquier caso, sobre los objetivos de la tortura no me cabe ninguna duda de que es utilizada para obligar a las personas a declarar en contra de su voluntad y para poder utilizar esa declaración para una condena en el futuro. Además, hemos podido comprobar cómo las declaraciones inculpatorias de las que hablamos no tienen lugar cuando esas personas declaran por su propia voluntad, sin que haya maltrato o tortura.

¿Basta ya ser de Segi para entrar en prisión? ¿Esto es viable jurídicamente?

Sí. Así es desde que el Supremo declaró que Segi era una «organización terrorista». Lo que sucede es que los tribunales españoles están declarando «terro- ristas» a organizaciones políticas y sociales. Aunque para muchos sea una barbaridad y una vulneración de derechos civiles y políticos, lo cierto es que en este momento basta con que te acusen de ser miembro de estas organizaciones para que te detengan y encarcelen.

¿Qué pasó en el caso de Aritz Azkona y Mikel Jiménez?

Aritz y Mikel hicieron los trámites para que el juez los recibiese después de tener conocimiento de que la Guardia Civil los buscaba para detenerlos. Grande-Marlaska no quiso ponerles una cita en el Juzgado, y lo único que dispuso fue que si querían se presentasen físicamente allí. Y eso iban a hacer cuando agentes de la Guardia Civil los detuvieron a las puertas de la Audiencia Nacional. Eso mismo les explicamos tanto a los agentes que los detenían como al Juzgado, pero aun así Grande-Marlaska no quiso tomarles declaración en ese momento y estu- vieron tres días en la Dirección General de la Guardia Civil.

La Guardia Civil había difundido que eran de ETA. ¿Por qué y para qué?

No sé que se buscaba con esas filtraciones, pero ni antes ni después de ser detenidos Aritz y Mikel han sido acusados de pertenecer a ETA. Y, además, se sabía que se habían puesto a disposición judicial y que no ha- bían huido a Francia para incorporarse a ningún comando.

Grande-Marlaska les comunicó después de una incomunicación inicial. ¿Por qué actuó así?

Comunicaciones o incomunicaciones aparte, lo que el juez debiera haber hecho era tomarles declaración cuando acuden con sus abogados al Juzgado. El juez no ratificó la incomunicación solicitada por la Guardia Civil. Al contrario que los otros detenidos que sí fueron incomunicados, no les obligaron a hacer una declaración en contra de su voluntad, pero aun así estuvieron tres días detenidos.

Fue llamativo también el caso de la «desaparición» de Alberto López. ¿No se puede hacer nada en un caso como éste?

Lo que hay que hacer es trabajar para conseguir acabar con el régimen de incomunicación que se les aplica a los detenidos bajo la «legislación antiterrorista», porque es eso lo que permite que casos como éste puedan suceder. A un detenido que está incomunicado se le restringe el derecho a que avise a alguien de su detención y del lugar en que se encuentra, y también el derecho a que le asista un abogado de confianza. Con la incomunicación, la Policía tiene libertad de actuación sin que nadie se entere de qué está pasando.

Tras cada una de estas detenciones se ha solicitado que los arrestados pasaran a declarar cuanto antes («habeas corpus») o, en su defecto, que se aplicara el llamado «protocolo Garzón». ¿Cómo es posible que un juez aplique estas normas y el resto no lo haga?

Precisamente por eso, porque es el protocolo de un juez, no una disposición legal. Lo que Garzón hizo en su día fue recoger algunas de las recomendaciones de la ONU y de Amnistía Internacional para la erradicación de la tortura y aplicarlas mediante la fórmula del protocolo a algunos detenidos. Pero esas medidas no han sido introducidas por ley en el Estado español, y esto hace que el juez que no quiera no las aplique.

La práctica totalidad de las instituciones, partidos y medios han hecho la vista gorda ante estas situaciones. ¿Cómo se valora esto desde la defensa?

Nos encontramos con personas que acaban de ser detenidas y que ya han sido declaradas culpables sin que hayan sido demostradas las acusaciones, y sin que no haya tenido lugar juicio alguno. Estas personas no tienen derecho a la presunción de inocencia, ni a una defensa con las debidas garantías. Unos detienen, «construyen» acusaciones y venden eficacia policial, y otros callan ante esto. Y lo hacen aunque en muchos casos como éste posteriormente se haya demostrado que las cosas no eran así, que no había pruebas o que las acusaciones no eran tales. En esos casos, aunque se absuelva o aunque se archiven las causas abiertas, eso ya no interesa y todos guardan silencio.