Aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunciará a comienzos de noviembre sobre las recomendaciones que realizará al Estado española al respecto de los derechos humanos, en las sesiones que se han llevado a cabo en Ginebra el lunes y ayer los expertos de Naciones Unidas se han mostrado preocupados ante la insistencia de Madrid de no implementar sus recomendaciones, como la de derogar la incomunicación a los detenidos a fin de erradicar la tortura o no mantener la aplicación generalizada de la prisión preventiva.

A pesar de que los estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se someten a un análisis sobre su cumplimiento de las disposiciones que se comprometieron a respetar cada seis años, el Estado español no pasó el último examen. Es decir, el análisis de 1996 fue el último al que se ha sometido Madrid, omitiendo su obligación en 2002. Si bien en 1996 el Comité exhortó a Madrid a «abstenerse de utilizar la detención incomunicada» y le invitó a «reducir la duración de la prisión provisional», es evidente, también para la ONU, que esas recomendaciones cayeron en saco roto. Y es por lo que la delegación española que ha participado en los debates de Ginebra ha tenido que escuchar las protestas de los expertos. La primera de las quejas que ayer tuvo que recibir el Gobierno español fue la tardanza con la que han enviado las respuestas de las preguntas realizadas previamente por el Comité. Por consiguiente, y ante la exigencia de explicaciones más detalladas, los debates se prolongaron durante un día más de lo previsto.

La tortura, un problema «grave»

Respecto a la incomunicación, varios expertos mostraron su preocupación al no considerar justificada su persistencia. En ese sentido, se refirieron además a la imposibilidad de que el detenido sea asistido por su abogado de confianza y a la duración de la incomunicación, que en vez de ser derogado o limitado su tiempo, entienden que ha sido ampliado aún más.

Los miembros del Comité, además volvieron a mostrar su sorpresa por las reticencias del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a que, de cara a evitar la práctica de la tortura, se graben todos los interrogatorios. Varios miembros afirmaron que la persistencia de la práctica de la tortura en el Estado español es una realidad más que esporádica. El experto británico Sir Nigel Rodley, por ejemplo, opinó que «los datos con los que contamos no inducen a pensar que el problema de la tortura en el Estado español pueda no ser considerada grave».

Entre otros asuntos, los expertos también exigieron explicaciones sobre la libertad de expresión que, algunos miembros del Comité, relacionaron ese derecho con la extensión de la noción de terrorismo extendido por Madrid en los últimos años. Así, en ese sentido, los expertos citaron con preocupación el encarcelamiento de dirigentes políticos -preguntaron expresamente por Karmelo Landa-, los cierres de los diarios «Egin» y «Egunkaria» -exigieron más explicaciones-, las ilegalizaciones de partidos políticos o la causa contra Gestoras Pro Amnistía.