Entre ayer y el viernes se ha llevado a cabo en Bilbo una conferencia titulada «El derecho de defensa frente a las legislaciones y los tribunales excepcionales», organizada por la asociación de abogados Eskubideak. En las jornadas han tomado parte más de 50 abogados de distintos puntos de Europa para analizar hasta qué punto influyen las leyes y tribunales excepcionales en los derechos y libertades. Los asistentes llegaron a la conclusión de que la excepcionalidad es como un virus que se extiende a sectores cada vez más amplios y provocan la continua regresión de garantías y libertades. GARA resume algunas de las intervenciones.

Kepa LANDA | Abogado en el proceso 18/98

«La Audiencia Nacional trabaja con inquisiciones y no con sumarios»

Este abogado fue uno de los que defendió a los encausados en el macrojuicio 18/98. A su juicio, la Audiencia Nacional está cumpliendo el papel más grave de los últimos 20 años. Denunció que la actuación de los juzgados de instrucción y, en concreto, de Garzón están cambiando la ley cada día.

Como muestra, analizó la evolución que se ha dado en el concepto de «pertenencia a banda armada» sin que se haya modificado la ley. Landa explicó que antes eran considerados miembros de ETA los que se integraban, tomaban parte y actuaban en nombre de la organización pero que, ahora, basta con identificarse con unos fines políticos para ser situado por estos tribunales como integrante de ETA.

Sobre el tribunal especial, Kepa Landa dijo que trabaja con «inquisiciones» y no con sumarios al uso. En este contexto, indicó que se ha pasado de juzgar a una persona por un delito a desarrollar una investigación genérica sobre un grupo de personas.

Urko AIARTZA | Abogado en el juicio contra Batasuna

«La Ley de Partidos fue un traje que se hizo a medida para ilegalizar Batasuna»

A juicio de este letrado, el objetivo del proceso que comenzó en 2002 con la entrada en vigor de la Ley de Partidos y que ha deparado ahora la ilegalización de ANV y EHAK ha sido dejar fuera de escena a un amplio sector social y político de Euskal Herria. Según Aiartza, la Ley de Partidos se dio en un momento muy concreto, en el que diferentes sectores de Euskal Herria coincidían en que el marco político estaba agotado. Ante esto, el Ejecutivo español diseñó una jugada para dejar fuera de la ley a Batasuna, «mediante un proceso que ofreciera más rapidez y menos garantías que el procedimiento penal». Aiartza identificó dicha ley como un «traje a medida» destinado a convertir en delito las actividades normales de Batasuna (tales como la desobediencia civil).

En alusión a EHAK y a su ilegalización por dar ayuda a un partido ilegalizado, el abogado recordó que el Supremo emplea como pruebas hechos como la entrada y salida de miembros de Batasuna de las sedes de EHAK o su contratación laboral por parte de este partido, así como la equivalencia del discurso o el simple hecho de no haberse distanciado expresamente de Batasuna. La conclusión del letrado es que la Ley de Partidos ha sido diseñada ad hoc, con el único objetivo de marginar a un determinado sector.

Amaia IZKO  | Letrada en el proceso 33/01

«Sin la criminalización de los abogados, sería insostenible la acusación a Askatasuna»

Según relató, la sentencia contra Gestoras pro-Amnistía y Askatasuna es una colección de «barbaridades desde el punto de vista jurídico y político». La letrada navarra denunció la atribución delictiva que se hace a los abogados, «señalando muy claramente a algunos». Aclaró que sin esa criminalización sería «insostenible» la acusación del trabajo del movimiento pro-amnistía.

A su juicio, «cualquier crítica a las cuestiones de Estado es ya objeto de criminalización» y es ahí precisamente donde sitúan las acusaciones contra los letrados que por un lado «denuncian y socializan la estancia en prisión», y por otro, «realizan denuncias en distintos procedimientos que tienen lugar en la Audiencia Nacional».

Amaia Izko subrayó que existen varios factores dirigidos a dificultar el trabajo de la defensa, como la utilización «abusiva» del secreto de sumario o la «continua obstaculización» de la comunicación con los presos. Argumentó que estos elementos son propios de un «estado policial» y añadió que evidencian la inexistencia de la separación de poderes.

Carmen LAMARCA | Cat. de Derecho Constitucional

«La detención no debe ser el inicio de una investigación, sino su culminación»

Según esta catedrática, corren malos tiempos para las libertades: «No se permiten chistes políticos, ni la desobediencia civil, ni tan siquiera aplaudir a los amigos detenidos». Explicó que vivimos en un momento en el que se juega a normalizar la excepcionalidad. En este sentido, apuntó que es una medida sin justificación que los detenidos pasen cinco días en manos de la Policía cuando son incomunicados y, además, puntualizó que ello carece de cobertura constitucional y supone una restricción del derecho a la defensa. Por otro lado, denunció que, en nombre de la lucha contra el «terrorismo», se suspendan derechos propios e inherentes.

Angel GAMINDE | Abogado

«Los agentes de la Policía son artistas en la creación y transformación de pruebas»

El abogado Angel Gaminde denunció que no se admitan pruebas en la fase de instrucción porque, a su juicio, con ello «se condena al acusado al banquillo». Por otro lado, censuró que los miembros de la Policía ac- túen como peritos en los procesos porque «no cumplen las características» necesarias para ello. Les acusó de ser «artistas de la creación» a la hora de «transformar y crear pruebas».

Frédéric UREEL | Secretario general de A.E.D.

«La lucha contra el terrorismo contamina a los jueces y restringe las libertades»

Para el secretario general de la Asociación Europea de Abogados Demócratas, resulta preocupante la imputación de delitos de «terrorismo» a personas que sólo tienen una adhesión ideológica. Además, «nos preocupa cómo la lucha contra el terrorismo contamina a los jueces, provocando una constante restricción de las libertades y los dere- chos», recalcó.

Sobre las ilegalizaciones, aseguró que son un síntoma de la fragilidad del Estado de Derecho puesto que la ley debe tener una esencia general, pero el Gobierno la usa con un objetivo particular. Se mostró preocupado porque a nivel europeo se esté sistematizando la utilización de leyes en materias particulares.