Estamos convencidos de que la central nuclear de Garoña es una de las causas fundamentales del alto grado de mortalidad observado a causa de tumores en sus proximidades». Así de determinante, sin ambigüedades, se pronuncia el colectivo ecologista Eguzki en su actualizado informe sobre los 39 años de vida de la planta burgalesa y contra cuya prórroga de explotación ha convocado una manifestación para esta tarde, por las calles céntricas de la capital alavesa. Las espadas entre detractores y defensores de ese alargamiento de la vida útil de la central están en todo lo alto. No en vano, ya que en primavera el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) debe decidir si prolonga o no su actividad. Entre los argumentos de quienes se oponen está el de la incidencia de estas instalaciones en la salud de las poblaciones de su entorno.

Un asunto controvertido, polémico, que genera estudios, pocos eso sí, que sirven a unos y a otros. El colectivo Eguzki ha hecho una recopilación de aquellos datos que avalan la acusación que, sin paliativos, encabezaba estas líneas. En base a ellos, asegura que «la mortalidad causada por tumores en las comarcas del sur de Araba en los últimos años es superior a la media de la CAV, siendo en algunos casos superior hasta en cinco puntos».

Así, detalla que comarcas como la de Valles Alaveses -que engloba a los municipios de Gaubea, Lantaron, Zanbrana, Beranteuri, Armiñon, Gesaltza, Zuhatzu Koartango, Erribera Goitia y Erribera Beitia- encabezan el ránking con porcentajes de mortalidad causada por cáncer, «que en ocasiones han sobrepasado el 33%, lo que significa que en esas comarcas uno de cada tres fallecimientos se debe a tumores de distinto tipo». Otro tanto sucedería con la también comarca de Arabar Errioxa.

Los porcentajes de tumores que maneja Eguzki son los basados en datos del Instituto de Estadística Eustat. Entre 1987 y 1995 las dos comarcas del sur de Araba lideraron, junto a las también comarcas alavesas de Lautada y Montaña Alavesa, la lista anual de mortandad por esta causa.

«Treinta y ocho años de funcionamiento de Garoña dejan huella, y así, mientras la media de muertos por cáncer de la CAV es del 28%, la de Valles Alaveses y Rioja Alavesa es del 33%. Con estos datos -prosigue este colectivo ecologista-, ¿sigue sin estar justificada la reiterada petición de un estudio epidemiológico para la zona, que nunca se ha realizado? ¿Cuál es el motivo? ¿Acaso se tiene miedo a los eventuales resultados?».

En su día, en 2004, la iniciativa Araba sin Garoña planteó al Parlamento de Gasteiz la necesidad de que Sanidad de Lakua llevara a cabo un estudio de estas características en la zona alavesa próxima a la central. ¿Qué fue de aquéllo? La respuesta nos la da Alberto Frías, portavoz de aquella plataforma: «El Parlamento adujo problemas competenciales y nunca hizo el estudio, así que nuestros datos están sacados del Eustat, como se indica en el informe, que a su vez provienen de Osakidetza. Pero de llevarlo a cabo ellos, nada de nada».

Lo que sí recuerda el también portavoz de Eguzki es que «por aquellos años vino un médico de Bilbo, que trabajaba en Urgencias en Miranda, y nos localizó para contarnos que estaba alucinado con el altísimo porcentaje de gente que llegaba a Urgencias con cáncer, algo nada habitual en ese servicio».

Lo cierto es que los estudios sobre el potencial daño de la actividad de estas centrales nucleares en la salud de la población no son abundantes, pero los hay. En 1997, la Asociación Española contra el Cáncer publicó un informe que apuntaba a que Araba tenía una mortalidad por tumores malignos superior a la media estatal. ¿La razón? Buena pregunta para responder.

Si hay una institución en el Estado español a la que siempre se alude en este debate por sus informes sobre la materia, ése es el Instituto de Salud Carlos III. En uno de ellos constató entre 1999 y 2001 -esgrime Eguzki- la tasa más alta de cáncer de estómago en personas de ambos sexos en el entorno de la central de Garoña. También se comprobó que la mortalidad por cáncer de pulmón aumentaba en los alrededores de las plantas de Garoña y también de Zorita y Vandellós I. Además, alrededor de la planta burgalesa se encontró la tasa más alta de mortalidad por leucemia en la población de 0 a 24 años.

Hay otros estudios que se han centrado en las instalaciones de Trillo o Zorita, y que también son aludidos por el colectivo ecologista para reforzar sus acusaciones de que existe una correlación entre esa actividad y las tasas de cáncer en su entorno.

Pero las empresas que gestionan las centrales también se defienden con informes. Nuclenor por ejemplo, propietaria de la central de Garoña, respondió en su día que «ciudades tan distantes entre sí como Santander, Huelva, San Sebastián o Salamanca soportan niveles de radiación natural mayores que la zona donde se halla ubicada la central de Santa María de Garoña».

En 2004, Nuclenor contestaba a las acusaciones basadas en los mencionados informes del Instituto Carlos III y lo hacía asegurando que dichos estudios concluyen todo lo contrario, es decir, que «descartan un aumento de cánceres en la zona de influencia de la central nuclear de Garoña».

Alberto Frías no comparte esa interpretación. «Lo que no han podido rebatir, y sí tratar de ocultar, es el informe del Carlos III, lo más parecido a un estudio epidemiológico que nunca hemos conseguido que se haga», responde. Recuerda, como anécdota, cuando «se detectaron isótopos radiactivos de Cesio-137 y Cobalto-60 y el portavoz de Nuclenor admitió que se hallaban en el Ebro aguas abajo de la central, pero que procedían ¡de la nube radiactiva de Chernobyl!».

Los gestores de Garoña también han echado mano de otros datos, como un estudio elaborado en 1995 por el Departamento de Sanidad de Lakua, que concluía que «el análisis epidemiológico efectuado por expertos concluye que no se habían encontrado evidencias de un aumento de cáncer en 12 años en las zonas alavesas próximas a Garoña. Los planes de salud de los últimos años no han detectado una asociación del cáncer con la actividad de la central».

Discrepancias sobre un aspecto que preocupa, sobre todo, a quienes residen en las zonas más próximas a centrales como ésta. Colectivos como Eguzki insisten por ello en que son necesarios estudios epidemiológicos como el que en su día reclamó a Osakidetza. «Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no lo hacen?», se pregunta.

El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, y el Consejo de Seguridad Nuclear acordaron en 2006 realizar un estudio que investigue los posibles efectos de la exposición a las radiaciones ionizantes sobre la salud de la población. Se trataba de actualizar los datos de estudios anteriores, como el realizado por el Centro Nacional de Epidemiología en 1996, y que indicaban la posibilidad de un aumento de riesgo de algunos tumores en estas zonas. En 2006 se dijo que vería la luz en febrero de 2009. ¿Llegará a tiempo para Garoña?