El pasado 5 de junio los ministros de Interior de los 27 estados de la Unión Europea, en los que se incluyen el francés y español, aprobaron la Directiva de Retorno contra las personas y familias migrantes imposibilitadas de cubrir sus cada vez más restrictivas y excluyentes legislaciones de extranjería, residencia y nacionalidad.

Mediante esta medida, estos estados homogeneizan el endurecimiento y criminalización policial y penal, aún más si cabe, de las condiciones de detención, retención en centros de internamiento, expulsión y prohibición de entrada de las personas que hemos venido a Europa en busca de una vida mejor o, simplemente, huyendo del hambre y los conflictos que estos mismos estados han contribuido o, directamente, han creado en los países de los que proceden.

Las brutales medidas que se aprobaron, y que ya están llevando a cabo sin contemplaciones, contravienen los más elementales derechos no sólo de las personas que venimos de fuera de la Unión Europea y que, por no poder tener o renovar por diversas circunstancias un simple permiso de residencia, quedamos expuestas a la maquinaria represiva de la Fortaleza Imperial Europea. También atacan y socavan los más elementales principios de lo que fue en Europa un Estado de Derecho y sus mínimas garantías y, en general, los ordenamientos que trataban de apuntalar la ya insuficiente Declaración de Derechos Humanos.

Queremos denunciar la hipocresía de estos mismos que, como los Psocialistas y el Partido Popular españoles y sus acólitos franceses, se llenan la boca a la hora de apelar a los Derechos Humanos y al mismo tiempo votan con entusiasmo, por medio de esta Directiva, el detener y mantener a muchas personas inmigrantes extracomunitarias encerradas en «centros de internamiento especiales» hasta los 18 meses, o en módulos especiales de las cárceles regulares cuando esos «guantánamos» a la europea estén a rebosar.

Estos mismos que hinchan sus fauces al hablar de mociones y lecciones de ética están posibilitando, sin el menor titubeo, el expulsarnos a las personas que ellos mismos han dejado en situación irregular hacia países de tránsito, financiados con sus políticas de cooperación para ello, aunque no tengan relación con ese país, ni sepan de sus condiciones políticas. Estos mismos son los que están aplicando estas ignominiosas medidas sin contemplaciones, a niños y menores no acompañados o a personas específicamente vulnerables como las que hemos sido perseguidas y torturadas en nuestros países de origen.

Y por si no fuera poco, son estos de la «interculturalidad» los que aprobaron y van a aplicar con toda la violencia que les permiten sus aparatos represivos, sin ética y ni compasión alguna, la prohibición de entrada en los países de la Unión por un período de cinco años para las personas que hayan sido expulsadas, penándolas con cárcel si hubiera reiteración.

Son ellos los que con sus prácticas y discursos nos criminalizan a las personas y nos quitan el derecho de ser ciudadanas y ciudadanos en los países ricos y acomodados, que sólo nos permiten el derecho a ser importadas cuando nos necesitan con el eufemismo de «contratación en origen», así como la de expulsarnos cuando ya no nos consideran útiles. Son éstos, Zapatero y Rubalcaba, Rajoy y Sarkozy, los que nos obligan a millones de personas que sólo venimos buscando una vida mejor o huyendo del hambre, la guerra o la persecución, a morir en el fondo de un camión, en la sentina de un barco o tragados por el mar. Son ellos y sólo ellos los que a aquellos que logramos esquivar sus dispositivos militares y policiales por tierra, mar y aire nos «ilegalizan» y luego llaman, «peligrosos» y «chusma».

Pero esta Directiva y las leyes que la preceden, así mismo Sras. y Sres. del Tripartito vascongado, deja ver una vez más la necesidad de la soberanía basada en la justicia que este viejo pueblo, negado y dividido, reclama para poder oponerse a la aprobación y aplicación de estas medidas impuestas por los grandes estados policíacos y militarizados, dejando en evidencia, entre otras cuestiones, que la «Europa de las regiones», por la que tanto suspiráis y con la que pretendéis consolaros, no es más que un florero de dudoso olor.

Más allá de sus declaraciones rimbombantes, ni esa Europa de las regiones, ni vuestros viejos o nuevos estatutos afrontan seriamente algo tan básico como el derecho que nos asiste a definir y garantizar el derecho a la residencia y nacionalidad (y todos los demás derechos básicos que de ella se derivan) para todas las personas que vivimos en toda Euskal Herria, al margen del lugar del que procedamos. O que lo que definís como «Política Vasca de Inmigración» no es más que un paño templado y escaso a esas racistas y sexistas legislaciones entre las que se encuentra la llamada de Extranjería de los estados español y francés. «Política vasca de Inmigración» que lo único que hace, en última instancia, es legitimar y garantizar la prolongación de esas leyes y directivas en los tres territorios de esta Comunidad Autónoma graciosamente otorgada por el Estado español y su Constitución.

Políticas que ponen de manifiesto la única realidad. La contundente evidencia de que el derecho a la residencia, nacionalidad y a la ciudadanía plena en Euskal Herria y en las «Vascongadas» corresponden de manera exclusiva y excluyente a la soberanía de las naciones española y francesa que antaño con sus imperios y ahora con sus compañías vacían nuestros pueblos de riquezas y personas. Que esas políticas de inmigración o de ciudadanía vasca asumen como «extranjera» a las y los euskaldunes del otro lado del Bidasoa. Que vuestras políticas de inmigración no han logrado sacar de la vulnerabilidad y la marginación a la gran mayoría de las personas que venimos de fuera de la UE a vivir a este pueblo. O, así mismo, que no hayan logrado que una gran mayoría asumamos la importancia del euskera o del modelo D como instrumento de inclusión nuestro y de nuestras hijas e hijos en esta sociedad. Pero, es más, Sras. y Sres. del Tripartito, hasta ahora vuestra verdadera política vasca de inmigración, siguiendo fielmente esas leyes de extranjería y esa Directiva, la hemos podido comprobar en los rostros y testimonios de esas personas inmigrantes «extracomunitarias» acosadas y detenidas en las razias (realizadas sin ir más lejos en las últimas semanas) de vuestras fuerzas de seguridad vascongada y locales, entregadas a las fuerzas policiales españolas para su encierro, vejación y expulsión.

Esta «Directiva de la vergüenza», como la vienen denominando la totalidad de las asociaciones de Derechos Humanos, de inmigrantes y antirracistas, y que afectará a unos 10 millones de personas en toda Europa y a decenas de miles en Euskal Herria, pasó al Parlamento de la Unión Europea para su aprobación el pasado junio y ha venido siendo aplicada impunemente por el Gobierno Zapatero y aplaudida por el PP. Pero también esta Directiva ha venido siendo acatada hasta ahora por el Gobierno vascongado.

Así pues, para Anitzak Ekimena, la Plataforma de personas migrantes por la resolución democrática del conflicto y los derechos en Euskal Herria, la aprobación de la Propuesta no de Ley el viernes día 10 de octubre en el Parlamento Vascongado, y consensuada entre el grupo Ezker Abertzalea y el Tripartito, de rechazo a esta Directiva, no puede ser sino motivo de alegría.

Ahora esperamos que, como en esa misma Propuesta se contempla, nos pongamos manos a la obra para que, más allá de grandes palabras y declaraciones, garanticemos en este ámbito y en todas las áreas que la política racista, clasista y sexista del Estado español y de la mayoría de la Unión Europea no sea aplicada en Euskal Herria. Para que vayamos construyendo un pueblo y un país ejemplo para otros pueblos en Europa y orgullo de nuestros países de procedencia, en donde los derechos no se regalen ni se hurten y para que, en definitiva, estemos más cerca de vivir en un país más justo y soberano para todas y todos los que vivimos en él más allá de nuestra procedencia.