Amnistía Internacional (AI) ha instado al Gobierno español a tomar medidas «sin demora» para aplicar las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Esta organización emitió sus observaciones el pasado 27 de octubre y, tal y como señala AI, entre otros motivos de preocupación, el Comité observa que continúan las denuncias de tortura y critica la falta de medidas adecuadas para impedir estos abusos. «El Comité también ha instado a que se suprima la legislación que permite el régimen de incomunicación», hace hincapié.

Pero además, en un comunicado remitido ayer, Amnistía internacional recuerda que la ONU alega que es preciso que se garantice a todos los detenidos su derecho a consultar en privado con un abogado de su elección», así como que «se utilicen sistemáticamente medios audiovisuales para grabar los interrogatorios».

Refiriéndose a las citadas observaciones, AI critica, por otro lado, las «amplias definiciones de delitos de terrorismo que figuran en los artículos 572 a 580 del Código Penal».

Además de las señaladas por Amnistía Internacional, cabe destacar que en el informe realizado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU también se critica el «empleo de la duración de la pena aplicable como criterio para determinar la duración de la prisión provisional, y por el hecho de que la prisión provisional pueda prolongarse hasta cuatro años».

Asimismo, exigía al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que restrinja la aplicación del «secreto de sumario» con el fin de salvaguardar «que las partes dispongan del tiempo y las facilidades necesarias para la preparación de sus alegatos, para lo cual deben tener acceso a los documentos necesarios a esta finalidad».

El comité de la organización internacional señala, además que «las acciones judiciales ante la Audiencia Nacional por delitos de asociación o colaboración con grupos terroristas podrían restringir de modo injustificado la libertad de expresión y de asociación».