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Los largos tiempos de un largo conflicto

Flavio Vegecio ha ingresado en los anales de la historia no como el brillante analista que fue del arte de la guerra durante el Bajo Imperio romano, sino como el autor de la sentencia «Qui desiderat pacem, praeparet bellum» (quien desee la paz, que prepare la guerra), uno de los axiomas más recurrentes en las múltiples y destructivas corrientes belicistas que le han sucedido. Vegecio puede considerarse, además, precursor de la moderna teoría de la violencia preventiva, llevada a su máxima expresión por la maquinaria militar estadounidense en medio mundo, como potente instrumento neocolonialista.

Pero Bush no ha sido el único discípulo aventajado de Vegecio. En el Estado español se cuentan por decenas los exegetas de esta perversa filosofía bélica que llevan décadas tratando de elevar a la enésima potencia las estrategias de la agresión preventiva, de la represión anticipada, del castigo del sospechoso... de la utilización espuria de todos los recursos ejecutivos, legales y judiciales a su alcance para combatir a su particular demonio: el independentismo vasco. Y en ese camino cada vez quedan menos hitos por cubrir. Con la ilícita aplicación del derecho de autor y la sistemática violación del nullum crimen sine actione han conseguido llenar las cárceles; con la «doctrina Parot» se han asegurado la aplicación de la cadena perpetua, y ahora, con la reforma del Código Penal que prevé aprobar el gabinete de Zapatero, garantizan que la alargada sombra represiva del Estado persiga a los militantes vascos hasta acercarse al mismísimo final físico de sus días. ¿Qué será lo próximo?

La estrategia de guerra que no disimula esta reforma diseñada exclusivamente para la disidencia vasca apenas oculta una realidad, si cabe, aún más desalentadora. Cuando el Gobierno estira hasta -al menos- un periodo de cuarenta años el castigo para los presos políticos, está desnudando sus verdaderas intenciones a la hora de enfrentar la solución al conflicto en Euskal Herria: prolongar el sufrimiento como instrumento para doblegar las legítimas aspiraciones de autogobierno de este país.

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