Irati Mujika, Mikel Beunza y Oihan Ataun comparecieron ayer ante el juez Fernando Grande-Marlaska tras pasar cuatro días incomunicados en dependencias de la Policía española, y fueron posteriormente encarcelados. Mujika y Beunza pudieron ser visitados por su abogada, a la que relataron los malos tratos sufridos esos días. Mujika señaló que no ha hecho declaraciones policiales ni judiciales, y que denunció ante el juez haber sufrido torturas. El movimiento pro amnistía informó de que explicó que «el momento de la detención había sido tranquilo, pero que en el viaje comenzaron los golpes y las amenazas».

En los días segundo y tercero recibió «golpes, amenazas, le obligaron a realizar ejercicio físico y le impidieron respirar al colocarle `la bolsa' 4 ó 5 veces». Añadió que recibió amenazas sexistas, ya que entre otras, «le amenazaron con introducirle un hierro».

Beunza relató «la gran presión sicológica» sufrida, hecho que denunció ante el juez, y le hizo saber que «realizó la declaración policial bajo presión y amenazas: le obligaron a permanecer en posturas forzadas, recibió numerosas amenazas y golpes. En un momento le pusieron una pistola encima de la mesa advirtiéndole de que si no decía lo que querían, lo relacionarían con ETA». Los familiares no los pudieron visitar ayer, y en el caso de Oihan Ataun, ni siquiera la abogada pudo hacerlo.

El juez ordenó el ingreso en prisión de los tres imputándoles «delito de pertenencia a Segi», aunque también los acusó de «formar `un talde' que se ocupaba de planificar actos de violencia y sabotajes». Las agencias indicaron que el auto señala respecto a esa acusación que «se desprende de las investigaciones policiales». A diferencia de los últimos ingresos en prisión, las agencias dieron ayer buena cuenta de lo que se recoge en el auto emitido por Grande-Marlaska, que se extiende en la explicación de lo incautado en el registro del local de la Asociación de Vecinos de Arrosadia, pero no se señalaron indicios que expliquen «la planificación de actos violentos».

Sobre dicho local, el juez interpreta que «Batasuna, Askatasuna y Segi la estarían utilizando como `sede clandestina'», y argumenta que «que ha sido intervenido material de financiación -camisetas y complementos-, de propaganda -campañas contra el TAV, inmobiliarias y cargos institucionales o partidos políticos- y material de formación de militancia» de los señalados organismos. De ello concluye que «la diversidad de estas organizaciones responde a una `ordenación de frentes' por parte de la estrategia de ETA».

Pegatinas y ser portavoz

Sobre los registros en los domicilios, las agencias señalaron que «se les han intervenido numerosos objetos como un cuadro en relieve de Euskal Presoak y camisetas de Segi». Destacaron que en el de Beunza «se halló, además de una revista con un artículo sobre las FARC, una pegatina con fotografías de políticos de Navarra y dos pegatinas injuriosas dedicadas al presidente Miguel Sanz y la alcaldesa Yolanda Barcina». En relación a Ataun, señalaron que «se incautaron de material propagandístico de Segi». El juez le imputa «poner a disposición de Segi una bajera en la que se halló material para kale borroka».

Respecto a Mujika, el juez reconoce su labor pública al señalarla como «organizadora de eventos y representante al dar ruedas de prensa. Se presentó en abril de 2007 en Donostia como portavoz de un colectivo `presumiblemente' de Segi».