Udalbiltza denuncia en el Parlamento las irregularidades de su proceso
Tres de los imputados en el sumario contra Udalbiltza y una de sus abogadas comparecieron ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz para informar a la Cámara de la labor que realiza la institución, exponer la situación en la que se encuentra el proceso, denunciar las irregularidades del mismo y solicitar finalmente un pronunciamiento oficial del Pleno que exija, entre otras cosas, la petición de retirada de la acusación pública.
Iñaki IRIONDO |
Maribi Ugarteburu, ex alcaldesa de Amoroto; Loren Arkotxa, ex alcalde de Ondarroa; y Xabier Iragorri, ex alcalde de Oiartzun, son tres de las veintidós personas procesadas en la causa de la Audiencia Nacional contra Udalbiltza, y para las que se piden condenas de entre 10 y 23 años de cárcel por «integración en organización terrorista» y «malversación de fondos públicos». Ayer comparecieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz acompañados de una de sus abogadas, Jone Goirizelaia, para explicar el trabajo público realizado -base de las acusaciones policiales- y denunciar las irregularidades del caso.
Ugarteburu hizo un breve repaso al motivo del nacimiento de la institución nacional de base municipal y expuso los objetivos para los que fue creada el 18 de setiembre de 1999 por la voluntad prácticamente unánime de los 1.778 cargos municipales reunidos en el Euskalduna de Bilbo. Destacó que Udalbiltza representa una expresión de la democracia más primaria, por ser los ayuntamientos las instituciones más cercanas al pueblo. Por ello, señaló que, utilizando los mismos silogismos que se aplican para acusarles, «si trabajar en común desde los ayuntamientos por las necesidades de Euskal Herria es un delito, la democracia es delito».
Tanto Maribi Ugarteburu como Xabier Iragorri insistieron una y otra vez en que todas las actuaciones desarrolladas por Udalbiltza habían sido legales y, además, todas las decisiones se habían adoptado con absoluta transparencia y publicidad, siguiendo las normas de actuación municipales. Destacó Ugarteburu que Udalbiltza es legal en Ipar Euskal Herria, y enumeró Iragorri algunas de las actuaciones por las que se les acusa, como la de haber contribuido a financiar la creación del Servicio Meteorológico de Euskal Herria, la creación del Servicio Estadístico de Euskal Herria o las ayudas destinadas a Zuberoa.
«Roto el principio de legalidad»
Jone Goirizelaia, una de las abogadas de los procesados, denunció ante esta Comisión de Derechos Humanos que el proceso de la Audiencia Nacional carece de garantías, puesto que no hay imputaciones individualizadas -sino una causa general por pertenencia a Udalbiltza- ni las actuaciones que se consideran delictivas se ajustan al tipo penal que se aplica.
Por ello, Goirizelaia señaló que el proceso rompe con el principio de legalidad y con el principio de legalidad penal, puesto que son los tribunales los que a través de su interpretación de la ley crean tipos delictivos nuevos, convirtiéndose en jueces y legisladores a un mismo tiempo, algo que ha sido también denunciado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU recientemente.
Expuso además Goirizelaia que la causa estuvo bajo secreto durante más de dos años, por lo que no se pudo ejercer la defensa con garantías, y denunció que las únicas pruebas existentes son informes policiales, que se hacen interpretando documentos bajo la premisa política de que «todo es ETA».
Los procesados de Udalbiltza piden al Parlamento que declare que trabajar por los objetivos fundacionales de la institución es «necesario y lícito, no pudiendo considerarse delito» y que perseguir por ello a cargos públicos supone una «actuación contra la democracia». Solicitan también de la Cámara que defienda el derecho de los cargos elegidos democráticamente a crear, impulsar y financiar instituciones de toda Euskal Herria.
También se solicita a la Cámara autonómica que denuncie el proceso que se sigue en la Audiencia Nacional y «pida al Gobierno del Estado que retire la acusación que mantiene la Fiscalía». Y, en caso de que el juicio se celebre, que envíe una delegación para hacer un seguimiento del mismo en nombre del Parlamento.
Los imputados piden, además, que se denuncie el proceso ante la ONU e instituciones europeas, porque «además de que se conculcan los derechos de reunión y expresión, es contrario a diversos pactos internacionales». Y, por último, que se apoyen las movilizaciones que se convoquen al efecto.
En las intervenciones de los grupos, EA defendió la necesidad de una institución como Udalbiltza y denunció el macrosuamario. Ezker Abertzalea apoyó a los imputados. El PSE dijo comprender la preocupación que puedan sentir, pero confió en que el Estado de Derecho garantizará su defensa. Al mismo tiempo demandó de los imputados un distanciamiento público con respecto a ETA. El PNV, por su parte, denunció la violencia de ETA, y dijo estar en la defensa radical de todos los derechos humanos y en contra de los macrosumarios.
«No son dignos de estar en un Parlamento democrático y menos en su Comisión de Derechos Humanos». De esta forma se dirigió el parlamentario del PP Santiago Abascal a los comparecientes, a los que calificó de «plana mayor de ETA-Batasuna».
La presidenta, Gemma González de Txabarri, explicó que había invitado a los miembros de Udalbiltza porque lo solicitaron y ninguno tenía ninguna causa que lo impidiera. El PP abandonó entonces la comisión.
Jone Goirizelaia, a la que Abascal definió como «abogada oficial de ETA» y cuya profesionalidad cuestionó, le respondió -aunque ya no estaba- que si para él todo es ETA, para ella «todo el PP es franquista».
