Unos sesenta activistas de Greenpeace protagonizaron ayer una llamativa protesta frente a la entrada de la central nuclear de Garoña para reclamar su cierre inmediato. La acción de los ecologistas, que finalmente fueron detenidos por la Guardia Civil, logró su principal objetivo: devolver al primer plano público la imperiosa necesidad de clausurar la planta nuclear más antigua del Estado español, ubicada en Burgos y a escasos kilómetros del límite geográfico con Euskal Herria. Custodiando el contenedor que plantaron ante las puertas de la central, recordaron al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, su compromiso electoral de 2004 para con el cierre definitivo de Garoña; un compromiso que se ha ido diluyendo con el tiempo hasta tornarse en una más que probable renovación de la licencia hasta 2019.

Ayer mismo, un portavoz del Consejo de Seguridad Nuclear llegaba a declarar que la vetusta central es hoy más segura que el día en que comenzó a funcionar, dejando entrever cuáles son las intenciones últimas del órgano encargado de elaborar el informe técnico que precederá a la decisión política en Madrid sobre el futuro de la central y de los miles de personas que viven bajo la permanente amenaza de un accidente nuclear de consecuencias tan impredecibles como irreversibles.

La central de Garoña entró en funcionamiento en 1970 y es conocida en el movimiento ecologista como «la de las mil y una grietas», dado el severo deterioro que sufre la vasija del reactor por los efectos de la corrosión. Un deterioro progresivo, sin marcha atrás. El agrietamiento se conoció ya en 1981 y desde entonces, lejos de corregirse, ha ido empeorando hasta constituirse en un alarmante foco de inseguridad. En esta tesitura, incluso los interesados intentos por resucitar el debate sobre la energía nuclear como consecuencia del efecto invernadero pierden cualquier sentido. Ante cualquier atisbo de riesgo (y las grietas en el reactor son mucho más que eso) sólo cabe una medida preventiva: el cierre inmediato.