Iñaki Badiola declaró ayer que el informe de los administradores concursales es «tendencioso y falta a la verdad y el escrito anexo torticero, malintencionado, ruin y falso, además de subjetivo». Estas manifestaciones las realizó en la rueda de prensa convocada tras reunirse por espacio de 45 minutos con el juez Pedro José Malagón, encargado del caso, al que no entregó documento alguno. Será hoy, último día de plazo, cuando sus abogados presentarán las alegaciones al anexo en el que los administradores concursales solicitan la suspensión del Consejo.

A partir de ahí el juez no tiene un plazo para pronunciarse, aunque Badiola mostró su esperanza de que lo haga antes de la Junta -que sería lo ideal para acabar cuanto antes con esta locura e impedir que la cita del 20 de diciembre sea accidentada- o que, si no, respete la decisión de los accionistas ese día.

Para convencerlos Badiola asumió ayer un papel de víctima de lo que Antoñana calificó en su día como conspiración. Ayer el portavoz del Consejo se ratificó en esa teoría en una rueda de prensa en la que sólo habló además para decir que era falso que una accionista antes de que se diera por terminada la Junta del 17-J pidiera a viva voz que se votara la remoción del Consejo. Podía decir que no la escuchó, pero... hay que acusar a los demás de falsedad. Todavía uno espera que Antoñana le presente los justificantes bancarios para demostrar el cobro del Real Unión de 90.250 euros que dató el 31 de enero y el de los 3,3 millones que dijo que había ingresado Lighthouse...

Pero son los demás los que mienten y ayer les tocó el turno a los administradores, aunque para rebatirles lo único que hizo Badiola fue decir, en el anuncio de la renovación del acuerdo con Telefónica, que sólo se ha dado de baja un anunciante. Curiosamente no dijo nada de lo escrito en el informe sobre los futbolistas, que no se rebajan el sueldo con él, ni renuevan en el caso de Castillo y Díaz de Zerio. El primero dijo ayer que «siempre he comentado que mi ilusión es quedarme aquí, pero primero quiero que se normalice la situación y haya estabilidad».

Desveló su sueldo

Descalificó a los administradores y señaló que cada uno de los dos designados por el juez cobra 240.000 euros al año. No lo comparó con los 412.000 cobrados por Ernst&Young y Lowells en tres meses, sino con la renovación de Prieto: «Dicen que pagar 700.000 euros es caro, pero lo valoran en tres millones. A ver si podemos valorar las piernas de los administradores...».

Aseguró que sólo ha habido una única reunión del Consejo hasta la del martes y que a ella acudieron los administradores concursales. Dijo que tenía «una infinidad de correos sin respuesta» y que «estoy harto de reunirme con ellos». Reiteró que «el proceso concursal es politizado, malintencionado, tendencioso y falso» en base a la experiencia de uno de sus abogados, que dijo no conocer otro caso en el que los administradores soliciten el cese del Consejo.

Señaló que no tiene la obligación de presentar un plan de viabilidad hasta que no presente un convenio de acreedores o el ERE y que los administradores rechazan la inclusión en él del gerente Iñaki Otegi: «Les digo que es imposible porque esta persona es parte del problema. Entonces decidimos ir directamente al juez con el ERE». Lo cierto es que ni presentó nada ayer ni piensa hacerlo hoy.