Todos los grupos del Parlamento Foral han acordado que la Ley de Presupuestos de 2009 contemple la congelación de sueldos de los altos cargos de la Administración y sus empresas públicas. El PSN, promotor de la iniciativa, la ha defendido diciendo que si se pide a la sociedad que ha de apretarse el cinturón se debe «poner el ejemplo por delante». No se ha dicho nada respecto de las dietas, piscolabis y demás refrigerios de todo este personal, pero se supone también que serán congeladas, incluidas las cenas a 400 euros de nuestro presidente M. Sanz.

Este colectivo de «altos cargos» está formado por los directores generales, directores ejecutivos y consejeros delegados de las 32 empresas públicas del Gobierno de Navarra, así como por los presidentes, directores gerentes y administradores de las fundaciones públicas de la Administración. Todos ellos poseen una cualidad que está por encima de cualquier otra consideración de mérito y capacidad para su cargo, cual es la de ser «personal de confianza» del Gobierno. Es decir, el botín conseguido tras acceder al Palacio Foral no sólo está formado por las consejerías de los departamentos, sino por varios cientos de puestos más a ocupar en los consejos de administración de estas empresas y en sus direcciones.

En relación con esto, el sindicato LAB acaba de publicar el «Libro Negro de la corrupción blanca en la Administración del Gobierno de Navarra», donde aparecen unos jugosos datos en relación con el tema que estamos comentando.

Empecemos por Sodena. La «Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.A.», es una de las 32 empresas públicas creadas por el Gobierno de Navarra. Cuenta con una plantilla de 13 personas, de las que 5 son directores, 3 son gerentes y el resto está formado por personal técnico y administrativo. Pues bien, según las cuentas oficiales presentadas por la empresa en 2006, la media salarial anual de ese año era de 76.452,77 euros (12.740.000 pesetas). Claro está, esto era el promedio, porque las retribuciones de José María Aracama, su director general y ex consejero de Hacienda del Gobierno de UPN, rondaban el doble de esa cantidad. Por encima de esto, además, está lo que esa misma persona cobra en dietas por pertenecer a los consejos de Administración de tres empresas públicas más.

Otros ex altos cargos del Gobierno, como por ejemplo José María Ruiz Oyaga, ex director del Servicio Navarro de Empleo, y Juan Santafé Rodrigo, ex director general en Hacienda, ocupaban también cargos directivos similares en otras empresas públicas, obteniendo por ello ingresos que rondaban los 150.000-160.000 euros al año, amén de lo rebañado en varios consejos de administración más en los que asientan sus reales.

Siguiendo con Sodena, según las cuentas oficiales presentadas por esa empresa, el incremento de sueldos registrados en la misma en al año 2006 fue de un 27%, y de un 47% durante el período 2002-2006. Hay otras, como Nafinco (Navarra de Financiación y Control, S.A.), en las que estas subidas han sido aún más escandalosas, pues sólo durante el año 2006, el capítulo de sueldos se incremento en un 45%.

Por si fuera poco, todos estos altos cargos, cuando cesan en los mismos, tienen derecho al cobro de «cesantías», que son unas retribuciones que se les garantiza percibir durante dos años, por un importe que roza los 50.000 euros por año o, caso de ser funcionarios, a percibir por vida, hasta la jubilación, un complemento de un 25% de su sueldo. Todo eso, por supuesto, en compensación a sus desvelos.

Estos son los datos. Se pueden dar más, igual de sabrosos, pero son suficientes. Son la muestra de cómo la desvergüenza y el cinismo campan hoy a sus anchas por todo tipo de instituciones, organismos y empresas públicas. La Administración y sus aledaños no han sido ajenos durante estos años a la política del pelotazo, la utilización privada de fondos públicos y el fomento del amiguismo. En cualquier caso, ninguno de los políticos y altos cargos que han impulsado este tipo de «desarrollo» responderán por sus despropósitos. Los consejeros y demás listos que han alabado y materializado esta política hueca basada en enterrar un inmenso capital y esfuerzo social en la construcción de decenas de miles de viviendas hoy vacías, en beneficio de un puñado de promotores, constructores y banqueros, dicen hoy que se van a congelar el sueldo para dar ejemplo. Y tras hacerlo, satisfechos de sí mismos, quedar a cenar a 400 el escote y cargarán la factura, una vez más, en el concepto «comidas de trabajo».

Tras su cara de circunstancias y una mueca forzada que pretende transmitir responsabilidad ante la crisis, se esconde en realidad una gran carcajada. Lo que de verdad pretenden es cambiar los cuatro duros de su congelación por recortes de salarios y servicios públicos para cientos de miles de personas en Navarra. Y seguir así forrándose, como hasta ahora, y dirigiendo todo el cotarro.

Durante los últimos cinco años la banca española ha tenido más de cien mil millones de euros de beneficio y en lo que va de 2008 el BBVA, el Santander, la CAN...., siguen teniendo ganancias similares a las de años atrás. A pesar de ello, ante tamaña «crisis», el Congreso español, casi por unanimidad -representación navarra, al pleno, incluida-, acordó salir en ayuda de la Banca y Cajas aprobando para ello una partida de 100.000 millones de euros. La patronal, CEOE, y los grandes sindicatos, CC.OO. y UGT, aplaudieron la medida. El consenso político-sindical-empresarial que ha hecho la cama durante estos años a esa camarilla que se ha revolcado en la más obscena especulación, cabalga de nuevo y nos dice que es preciso salvar las finanzas para así poder salvarnos todos. Claro está, a costa de nuestros impuestos.

El Gobierno de Navarra ha anunciado que va a congelar el sueldo de sus consejeros y el de varios cientos de altos cargos. También se congelarán las retribuciones en el Parlamento. ¡Pobrecitos ellos, qué a pecho se lo están tomando!