Hijos y nietos de exiliados que tuvieron que abandonar el Estado español debido a la represión franquista han pedido que la ley que ahora les permite obtener la «nacionalidad española» elimine el requisito de jurar o prometer fidelidad al rey por entender que afecta derechos fundamentales.

La Asociación de Descendientes del Exilio ha entregado en la Dirección General del Registro y del Notariado una petición con ese objetivo, ya que considera que no es comprensible que se les obligue a ello.

Esta asociación, en su escrito, recuerda que la ley de 27 de diciembre de 2007 por la que se reconocer y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución durante el franquismo prevé la posibilidad de adquirir la nacionalidad por parte de las personas cuyo padre o madre hubiera sido ciudadano del Estado español.

Asimismo, reconoce ese derecho a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la «nacionalidad española» como consecuencia del exilio.

Sin embargo, para ello exige la promesa o juramento de fidelidad al rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes.

La Asociación de Descendientes del Exilio subraya que en absoluto se opone a la obediencia constitucional y de las leyes, pero considera que la declaración de fidelidad al rey es obsoleta y, además, no es exigida en todos los casos de nacionalización.

Opina igualmente que ese requisito vulnera varios artículos de la Constitución, como el que reconoce el derecho a expresar libremente los pensamientos.

«La fórmula establecida obliga a un acto de fe de tipo monárquico a quienes puede que no lo sean y hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora», subraya la asociación.

«Negar la nacionalidad si no se expresa ese juramento supondría una auténtica persecución del pensamiento», añade.

Sin recurso contra Garzón

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica que propiciaron el inicio de la investigación sobre los desaparecidos en el franquismo no recurrirán el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que el magistrado se inhibe del caso, sino que optarán por confiar en que los juzgados territoriales se declaren competentes para asumir el caso.

Así lo acordaron las asociaciones en una reunión mantenida el sábado, según informó ayer Europa Press citando a abogados que les representan.

Por otra parte, ERC e ICV presentarán esta semana sendas preguntas sobre la represión franquista en el Congreso.