La CSI critica el excesivo aumento del empleo precario en el Estado español
El Informe Anual 2008 de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre «Violaciones de los Derechos Sindicales» constata «tendencias preocupantes» contra los trabajadores en los países en vías de desarrollo y en los más avanzados. En Europa, el derecho de huelga «está tocado». La CSI llama la atención por la excesiva precariedad laboral en el Estado español y advierte que en el Estado francés se utilizan «tácticas sutiles» para debilitar a los sindicatos.
Juanjo BASTERRA |
El amplio informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI) pone de manifiesto la presión que ejercen los gobiernos y los empresarios para debilitar a los sindicatos con el fin de evitar que las condiciones de trabajo y los salarios no mejoren. El informe 2008 sobre «Violaciones de los Derechos Sindicales» confirma que esta tendencia se extiende a lo largo y ancho del planeta, si bien los países en vías de desarrollo están en peores condiciones.
Guy Ryder, secretario general de la CSI, señaló que «la represión de las actividades sindicales legítimas garantizadas por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han persistido en todos los continentes. Se ha recurrido a asesinatos, violencia y tortura, además de acoso, despidos y encarcelamiento para impedir que los trabajadores se organicen en sindicatos y negocien colectivamente para obtener un salario y unas condiciones de trabajo decentes». Advierte que «varios gobiernos estuvieron dispuestos a apoyar de manera abierta o encubierta a empleadores poco escrupulosos que deniegan los derechos fundamentales a sus empleados».
Ante estas razones, el máximo responsable de la organización internacional destaca que «los gobiernos no han sido capaces de hacer lo necesario para proteger los derechos de los trabajadores, ni dentro de sus respectivos países ni en las relaciones diplomáticas, económicas y comerciales internacionales».
Inmigrantes
La gravedad de este problema se extiende a todos los países y continentes. En Europa, la CSI se muestra especialmente crítica porque se aplica «tanto a muchos de los tradicionales bastiones del sindicalismo occidental como a las economías en transición de Europa oriental».
En relación al Estado español, el informe concreta, entre otros elementos, que la enorme temporalidad que hay en la contratación laboral «afecta a la negociación colectiva». A juicio de la CSI, es especialmente preocupante lo que ocurre con los trabajadores inmigrantes, que soportan el 63% de la contratación temporal. «Aprovechando la inseguridad que sobre su futuro -insiste la CSI- plantea a los trabajadores el hecho de tener un contrato temporal, y más en el caso de ser inmigrante, el empleador les obliga a aceptar condiciones laborales que no se ajustan al marco legislativo».
Advierte que en la práctica, los empresarios sustituyen la negociación colectiva «con acuerdos individuales entre el empresario y el trabajador en los que, naturalmente, el trabajador se ve prácticamente obligado a aceptar lo que se le ofrece». En relación a la última reforma del mercado de trabajo en el Estado español, la CSI recoge en su informe que, «aunque el empleo permanente se ha incrementado, todavía el empleo temporal sigue representando alrededor del 30% del total». Por lo que duda de la eficacia de esa nueva normativa laboral.
Cita expresamente al poder de las grandes multinacionales instaladas en el Estado español, que «abusan de su posición para atentar contra los derechos de los sindicatos, por ejemplo, amenazando con trasladarse si se ven afectadas por alguna acción sindical».
Graves restricciones
En el Estado francés, la CSI confirma, «en línea con las promesas electorales del presidente Nicolas Sarkozy, una nueva ley restringe severamente el derecho de huelga es el sector de los transportes públicos» y denuncia que «los empleadores están haciendo uso de tácticas sutiles para debilitar a los sindicatos» y, aunque los derechos sindicales se consideran inalienables, «numerosos matices legales limitan su uso y disfrute».
El informe reconoce que entre esas tácticas se encuentra que los empresarios «dividen empresas en unidades más pequeñas o recurren a la subcontratación para diluir la densidad sindical e inhibir los contactos entre delegados sindicales y trabajadores». Incluso, según indica la CSI, «se emplean diversas maniobras para evitar que los sindicalistas accedan a los centros de trabajo» y puedan llevar adelante «negociaciones genuinas». También denuncia que diversos empleadores «intervienen» en las elecciones sindi- cales, realizan «campañas antisindicales y de calumnia contra los sindicatos» y, a la vez, se discrimina a los sindicalistas «con sanciones disciplinarias» o «poniendo término a sus carreras profesionales».
En general en Europa, la CSI recuerda que en Georgia, el nuevo código laboral permite «despedir a los trabajadores en cualquier momento» y lamenta que esa decisión está bendecida por el Banco Mundial. «La Confederación de Sindicatos de Georgia perdió unos 20.000 miembros que fueron despedidos y obligados a dimitir por empresarios antisindicales».
Denuncia que el derecho a la huelga «está dañado» tras la decisión del Tribunal de Justicia Europeo en los casos Laval y Viking. «Se demostró que cuando se enfrentan los intereses comerciales y los sociales, la interpretación de la ley raras veces se decanta a favor de proteger los derechos sindicales y de los trabajadores», según explica.
El informe explica la situación en los 138 países en los que la CSI tiene sindicatos afiliados. Hace referencia al cierre del año anterior y destaca que 91 sindicalistas perdieron la vida «por defender unas condiciones dignas para los trabajadores». En Colombia murieron 39 representantes de los trabajadores y en Guinea, otros 30 sindicalistas.
Constata que «un preocupante aumento de la violencia» en Guatemala dirigida contra los sindicatos, que costaron la vida a cuatro representantes y explica que «hay tendencias muy preocupantes, incluyendo la connivencia entre algunos gobiernos y empresarios para privar a los trabajadores de sus derechos legítimos a la sindicalización y representación». Así, percibe un «hostigamiento e intimidación» en 63 países. «Un total de 73 sindicalistas fueron encarcelados en 2007, incluyendo cuarenta representantes sólo en Irán; en Marruecos, catorce más y otros siete, en Birmania».
Guy Ryder señaló que «están surgiendo ciertos modelos globales y la tendencia exagerada a la subcontratación que plantean una grave amenaza a los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo. Con el empeoramiento de la situación económica mundial, esta amenaza podría extenderse y profundizarse». A su juicio, «los gobiernos han de actuar de manera responsable para garantizar trabajo decente en un momento en que los trabajadores más lo necesitan ante la crisis y la necesidad de la revitalizar de la economía mundial». China, Chad, Ghana, Madagascar, Tanzania, Mauricio, Etiopia, Estados Unidos, Australia son países donde la violación de los derechos sindicales están «en primera línea». A la vez, afirma que se está generalizando la práctica de «sustituir empleo permanente por puestos de trabajo precarios, obligando a los trabajadores a aceptar arreglos temporales y reduciendo sus ingresos» en todas las empresas multinacionales.
El informe 2008 llama la atención por una práctica que se está generalizando en el mundo de sustitución del empleo fijo por empleo precario, que reduce los ingresos del trabajador y eleva las ganancias de las empresas, sobre todo, multinacionales.
La CSI previene de que en Europa «se está reforzando un clima antisindical en su conjunto», aunque ese grado es más elevado en la zona oriental, por donde se están expandiendo las empresas para hacer nuevos negocios.
En Estados Unidos, según la CSI, en la mayoría de empresas no existen relaciones laborales, puesto que los empresarios persiguen a los sindicalistas. «La destrucción de sindicatos es una industria que mueve miles de millones de dólares al añ0»
En Gran Bretaña siguen prohibidos los piquetes y huelgas de solidaridad. Además, los empresarios se muestran reticentes a reconocer a los sindicatos como interlocutores sociales para la defensa de las condiciones de trabajo.
