En su 12º Congreso, ELA planteó ayer una resolución según la cual las administraciones públicas deberían aumentar el gasto social y poner en marcha una política fiscal más justa, es decir, sin rebajas de impuestos a los empresarios. Por otro lado, LAB exigía a Lakua e Iruñea que no permitan EREs a las empresas que en los últimos años han obtenido beneficios millonarios. Los sindicatos vascos una vez más han denunciado y dejado en evidencia las políticas económicas de las administraciones, plegadas a los intereses de quienes más tienen, tanto en tiempos de crisis como en los de bonanza económica. Si ya resultaba sumamente injusto que las rentas de trabajo aportasen a la hacienda pública más que las del capital, más lo es que las medidas que las administraciones adoptan para hacer frente a la crisis vayan encaminadas a favorecer los grandes intereses privados en detrimento de los de los trabajadores y a costa de ellos. Mientras tanto, en Estados Unidos el Gobierno de George Bush anunciaba una ayuda de 326.000 dólares a otra gran compañía financiera, Citigroup, y dejó clara su disposición a proceder de ese modo cuantas veces sea necesario. ¿Ése es el modelo?