Tras detenerlo hoy hace 23 años, la Guardia Civil pretendió que Mikel Zabalza se había fugado tirándose al Bidasoa (¡estaba esposado y no sabía nadar!), pero los testimonios del resto de detenidos, brutalmente torturados y puestos en libertad, dejaron bien claro lo realmente sucedido: Zabalza fue torturado hasta la muerte en el tristemente famoso cuartel de Intxaurrondo, como reconoció un informe interno del CESID.

Así y todo, sus torturadores ni siquiera fueron juzgados, y en el 20 aniversario de su muerte el Gobierno vasco realizó una declaración institucional recordando lo entonces sucedido y pidiendo que se hiciese justicia. Gesto sin duda insuficiente pero al mismo tiempo importante. Ahora bien, esas mismas autoridades siguen negándose a hacer al menos un gesto similar hacia las miles de víctimas de la tortura a las que se sigue sin hacer justicia; sobre todo, hacia las víctimas de los policías a sus órdenes.

En lugar de ello, niegan una y otra vez que hasta hace algunos años la Ertzaintza torturara al igual que la Policía y Guardia Civil, y por eso evitaron a toda costa durante seis largos años cumplir una simple recomendación que el Ararteko realizó en 1999 como medida eficaz contra la tortura.

En efecto, a raíz de numerosas denuncias de torturas de personas incomunicadas por la Ertzaintza, el Ararteko recomendó en 1999 que «en todas las comisarías de la Ertzaintza se estableciera un sistema de control basado en grabaciones de video realizado desde las cámaras situadas en los pasillos de la zona de calabozos». Recomendación que, como dicha institución reconoció, tenía «menos alcance que las efectuadas por el Relator de la ONU, pero resultaba sencilla de poner en práctica, puesto que se utiliza el sistema de cámaras ya existente».

Tras unas reticencias iniciales, basadas en supuestas dificultades técnicas, el Departamento de Interior aceptó, pero, tal y como denunció el Ararteko, durante años la Ertzaintza estuvo grabando a todas las personas detenidas excepto precisamente a las incomunicadas.

Al final, el 30 de septiembre del 2005 (¡seis largos años después de que el Ararteko lo solicitara!), el consejero de Interior Javier Balza anunció que iban a empezar a grabar también a las personas incomunicadas. Y aunque PSOE y PP aseguraron entonces con gran vehemencia que se seguirían sin duda produciendo denuncias de torturas en comisaría contra la Ertzaintza, no ha vuelto a haber ninguna. Ni una sola. Lo cual no apunta precisamente a que las precedentes denuncias fuesen falsas.

Así explicó más tarde Balza aquella medida: «Es sencillo: como en el 95 % de los calabozos de la Ertzaintza estaba ya instalado el sistema de grabación, pues, en el momento en que asumimos el compromiso político se dio la orden de que los detenidos incomunicados fueran custodiados en calabozos provistos de sistema de grabación».

Más claro no podía haber hablado. Si era tan sencillo, ¿por qué no lo hicieron antes? La respuesta es obvia: porque la Ertzaintza seguía torturando. ¡Precisamente por eso tardaron tantos años en aplicar una medida tan sencilla!

Las autoridades españolas, mientras tanto, siguen negándose obstinadamente a grabar alegando, según el último informe del Relator para la Tortura de la ONU, que «las Fuerzas de Seguridad no disponen, en la actualidad, de capacidad técnica para grabar de manera permanente a todas las personas que se hallen en situación de detención incomunicada».

Así, tras atiborrar desde hace muchos años todos los espacios públicos de cámaras de vigilancia, tienen la caradura de alegar una supuesta falta de capacidad técnica para colocar unas pocas en el interior de las comisarías y cuarteles donde incomunican y torturan a tanta gente.

Ante ello, hay que gritar alto y fuerte que, en caso de denuncias de torturas, la carga de la prueba no puede recaer en ningún caso sobre la persona torturada, pues la incomunicación hace imposible que ésta pueda aportar pruebas. En quienes debe sin duda recaer esa carga es en las autori- dades que pueden fácilmente grabar a los incomunicados para probar que no se ha producido maltrato alguno, como continúan pidiendo año tras año numerosos organismos internacionales de gran prestigio.

Las autoridades de la CAV también se inventaron mil y una excusas hasta 2005 para evitar aplicar esa medida tan sencilla, y desde entonces poco más han hecho para ayudar a erradicar la tortura. Y lo que es más grave, siguen afirmando que deben ser los jueces quienes esclarezcan las denuncias de tortura. ¡Como si no estuviese suficientemente claro a quiénes exigen pruebas imposibles esos jueces y a quiénes se abstienen de pedir hasta lo insultantemente obvio!

Si quieren acabar de veras con la tortura, sólo lo podrán hacer con la verdad por delante. Saben de sobra cuál es el camino: deberían reconocer y denunciar lo realmente sucedido con esas miles de víctimas de la tortura, e involucrarse de lleno en la erradicación de esa lacra.

¡Ojalá lo hagan cuanto antes!