Las 41 páginas de la auditoría legal por la que Badiola pagó a sus abogados de confianza de Lovells 135.000 euros con dinero de la Real es un ejercicio de flagelación para la sociedad que la paga. Les pidió buscar irregularidades que por momentos rozan el absurdo y también se recogen impagos de IVA e IRPF que, tras ser remitido el informe junto con la due diligence a Hacienda, pueden suponer un coste superior a 1,6 millones al club.

El comienzo revela el objetivo del informe. Primero denuncia irregularidades de la subvención de Diputación por Zubieta XXI -conocidas porque están recogidas en la investigación de la que fue objeto por el Tribunal Vasco de Cuentas en 2003-, ya que los nueve millones que Román Sudupe dio para pagar a los jugadores y salvar aquel presupuesto, aunque legalmente fueron presentados como destinados a esas obras, no siguieron los cauces establecidos.

Es curioso que la Real denuncie irregularidades del dinero que pide y recibe para solventar situaciones de apuro, tanto en el caso de la Diputación como del sponsor que aporta los 100.000 euros para devolver lo solicitado con el objetivo de intentar mantener al club en Primera.

Cuidado con los partes médicos

Pero lo más llamativo es la continuación del informe, que busca incumplimientos en la Ley Oficial de Protección de Datos (LOPD): «A pesar de ser informados de la existencia de medidas de seguridad para la protección de datos personales, lo cierto es que dichas medidas podrían no ser adecuadas al tipo de datos tratados como, por ejemplo, los partes médicos de los jugadores (que serían calificados como datos sensibles y por ello requerirían la implementación de medidas de seguridad alto)».

Dice que su incumplimiento puede considerarse como «una infracción grave o muy grave de la Ley Oficial de Protección de Datos». Los médicos realistas tienen la confianza de los jugadores para hacer públicos, al igual que todos los demás clubes, unos partes de interés para prensa y afición, y acuerdan con ellos no dar información que pueda perjudicarles.

En el siguiente punto dice que «no existe información suficiente para valorar si la Real cuenta con los correspondientes derechos de propiedad intelectual para utilizar entre otros sus sistemas informáticos o para explotar obras de terceros. En particular, la sección «fotos de afición» muestra determinadas imágenes de los aficionados aportados por éstos, sin que nos conste ninguna licencia para que la Real pueda utilizar esas fotografías». Lovells dice que por ello los aficionados pueden pedir una indemnización, aunque ven un riesgo «escaso».

Lo mismo que lo consideran «limitado» en lo que califican como «posible infracción de los derechos de imagen de menores. Algunos contenidos de la sección «Txiqui socios» -escrito así- de la página web incluyen fotografías de campeonatos de la Real Sociedad en los que figuran menores de edad. La inclusión de fotografías de menores puede considerarse como un atentado a su derecho a la intimidad, honor y propia imagen».

«El fraude fiscal» a Hacienda

A partir de ahí enumera aspectos de todo tipo que de ser cumplidos tendrían un coste alto para la Real y otros esgrimidos por Badiola para hablar de «graves irregularidades y fraude fiscal», entre los que destaca «la no sujeción al IVA de una parte de la cuota pagada por los socios». Lovells explica cómo desde los 80 la Real consideraba que ser abonado «tenía un componente de prestación de servicios (espectáculo deportivo) y un componente de no prestación de servicios (acceso a la sede social del club, ser compromisario, asistir a las Juntas, poder ser elegido miembro de la Junta Directiva) no sujetando el IVA a este concepto».

Añade que cuando la Real se transforma en SAD «a los efectos de no sujetar al IVA la parte pagada por el abonado en concepto de no prestación de servicios, de acuerdo con la información facilitada, esta parte es destinada a sufragar los gastos del fútbol base». Esta es la causa que podía suponer una sanción de 1,4 millones de euros, pero lo más curioso es que esta semana se ha publicado que el Consejo de Badiola ha declarado por dos veces este IVA igual que antes, la segunda después de tener este informe y de denunciarlo a Hacienda, sin hacer nada para cambiar la forma de pago.

Este hecho sería alguno de los que investigaría la Hacienda Foral, que antes de llegar Badiola ya analizaba lo que pasaba en la Real y también examinará los seis primeros meses de su Consejo. Al margen del IVA de los abonos y otras cuestiones denunciadas en el informe de Lovells que se hacen ahora igual que antes del mismo, la inspección podría determinar si hay irregularidades en operaciones como la de entrada y salida a la Real del dinero que Badiola presenta como préstamo de su empresa o las banderas de China.