El martes ofrecimos las conclusiones principales de la due diligence de Ernst&Young y hoy algunas de la auditoría legal de Lovells. Las dos empresas han cobrado por estos trabajos 412.000 euros que motivarán que se agrave la deuda de la Real. Han sido utilizados para escandalizar, pero el mayor escándalo es que el Consejo, en vez de afrontar los pagos con él, destine ese dineral para pedir a dos empresas que busquen irregularidades en su club y denunciarlas. Así agrava más la deuda generada en su parte más acuciante -el 84% que no es con Kutxa y Hacienda se origina con Badiola- tras asumir más de seis millones de gastos no presupuestados en sus seis meses. Informan de detalles que ocultan otros clubes que mueven mucho más dinero B y no cumplen con Hacienda en porcentajes muy superiores y no se autodenuncian. Pero defraudan porque los accionistas pensaban, tras escuchar a Badiola, que la due diligence iba a explicar que la crisis se debía a que alguien robaba dinero y sólo ha demostrado que hasta el último euro gastado en seis años del millón escaso «en negro» está contabilizado para que nadie se apropie de él indebidamente. Las supuestas irregularidades son intentos de los dirigentes de impedir que la deuda sea mayor, cuadrar presupuestos y sacar el máximo rendimiento al poco dinero que es capaz de generar el club y que es insuficiente para abordar los más de 180 millones gastados en seis años y medio sólo en personal deportivo, traspasos y comisiones y el coste de Zubieta. Algo de lo que apenas se habla. No ha aparecido ninguna deuda oculta con ajustes por ingresos que en todos los casos eran reales. ¡Ojalá Badiola hubiera cuadrado el déficit de siete millones de sus seis meses generando ingresos que pudiera contabilizar con criterios contables rechazables!