Hasta el año 2005, el impuesto de plusvalía que se pagaba en Barakaldo era del 2%. En 2005, la Diputación aprobó una norma que permitía a los consistorios un gravamen entre un 2% y un 10%. El Ayuntamiento de este municipio de Ezkerraldea (en manos del PSE, que entonces gobernaba con el PP) decidió cobrar el máximo, convirtiéndose así en la localidad de Bizkaia que más cobró por vender pisos, garajes, locales comerciales o trasteros.

Por lo tanto, se aumentó este impuesto en un 500% y, en este sentido, los afectados denuncian que «pasamos de pagar unos 1.000 euros a tener que pagar unos 6.000».

Tras las numerosas quejas, en diciembre de 2007, los partidos de la oposición (izquierda abertzale, EB, PNV y PP) aprobaron una moción, mediante la que se acordó una reducción del impuesto para dejarlo en la cota anterior, desde el 1 de enero de 2008.

Por lo tanto, alrededor de 2.500 vecinos afectados por la medida denuncian que «este hecho ha creado un agravio comparativo con los ciudadanos que vendieron sus inmuebles en 2006 y 2007».

Por este motivo, decidieron reunirse para constituir la asociación de Afectados por el Impuesto de Plusvalía de Barakaldo (AIPABA) con el objetivo de reclamar al Ayuntamiento «que esta reducción del impuesto tenga carácter retroactivo y se nos devuelva el dinero que consideramos hemos pagado de más». Este colectivo reúne a los 2.500 afectados y, según explicaron, «hemos recogido más de 3.500 firmas de vecinos que nos apoyan y solicitan la rebaja del impuesto».

Apoyo de los partidos políticos

Tal y como señala el miembro de AIPABA Jesús Muñoz, «el PSE gobierna ahora en solitario y el resto de partidos políticos están unidos para que la rebaja se aplique desde el 1 de enero de 2006». Subraya la importancia de esta retroactividad «porque no puede ser que unos vecinos tengamos que pagar un 500% más que los demás».

Por su parte, Txiki Castaños, concejal de la izquierda abertzale, ha aclarado que «para todos los partidos de la oposición la subida del impuesto fue abusiva e injusta; fue una barbaridad».

Por otro lado, los afectados critican duramente la manera en la que el alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez (PSE), ha afrontado el problema. Denuncian que, primero, el alcalde del municipio de Ezkerraldea trató, en junio, de evitar devolver el dinero a los afectados «argumentando que era ilegal hacerlo porque, según él, se incurriría en delito fiscal».

Sin embargo, los partidos de la oposición, según apunta Muñoz, «obligaron al alcalde a solicitar a la Diputación un informe sobre la legalidad de la devolución». El ente vizcaino emitió un informe donde señalaba la legalidad de la aplicación retroactiva de la rebaja del impuesto de plusvalía, siempre que fuera aprobado por el pleno municipal.

AIPABA cargó contra la Junta de Gobierno, ya que «no aceptó ese informe y solicitó `contra-informes' a sus técnicos municipales». Además, rechazan la actitud del equipo de Gobierno porque, a su juicio, «ya se han dado cuenta de que es totalmente legal devolver el dinero a los vecinos afectados». «Por eso, tratan de evitar por todos los medios que se realice la votación en los plenos municipales», sentenció Muñoz.

Asimismo, el electo independentista Txiki Castaños critica que «en el pleno de junio nos dijo que era ilegal, y en octubre que, si teníamos alguna relación con los afectados no podríamos votar». Sin embargo, aclararon «que sabemos que la devolución es legal y no aceptaremos que nos vengan con más triquiñuelas».

Ante esta situación, el PNV anunció que solicitaría al Tribunal de Cuentas Públicas un informe que aclare si existe alguna restricción legal basada en razones de parentesco o afinidad para posicionarse en esta cuestión. Para llevar el caso ante el TVCP, debía ser votado y aprobado en la Junta de Portavoces, trámite que fue superado el pasado lunes, 24 de noviembre. Ahora el tema está en manos de este tribunal. Desde AIPABA, que celebró ayer un acto reivindicativo en el que además de pastas y globos repartieron folletos «para desmontar los argumentos que se daban en los buzoneados por el PSE». Allí, dijeron que «esperamos que se pueda votar el tema en el pleno de diciembre y se termine de una vez por todas».