En un artículo reciente, el geógrafo David Harvey señalaba a España y al Reino Unido como los dos países europeos que han participado con mayor vigor en el ciclo inmobiliario a escala global que está entrando en crisis. Harvey señalaba que estos dos países son los que más se parecen al modelo de crecimiento norteamericano. Hasta su desplome, este modelo se ha basado en un crecimiento hipertrófico del endeudamiento de familias y empresas soportado por los precios ficticios de los activos inmobiliarios y financieros que ha disparado los niveles de consumo con el apoyo de una decidida intervención pública para sostener y estimular estos efectos-riqueza.

(...) Efectivamente, durante el periodo 1997-2007 España ha sido uno de los países europeos que ha servido de laboratorio de lo que se puede definir como la fase dirigida de la financiarización económica. Sin embargo, estas nuevas prácticas políticas han sucedido bajo el dominio hegemónico de los intereses de los países centrales de la UE, principalmente Alemania y, en menor medida, Francia.

Estos países tienen en las exportaciones industriales de alto contenido tecnológico su motor económico y, por extensión, el de toda la UE. La complementariedad de estos dos modelos se basó en la aparición de núcleos de alto consumo en la periferia europea, España y Reino Unido, que, sin entrar en competencia directa con las líneas centrales de producción, han generado fuertes polos de demanda para estos mismos sectores centrales, sobre todo franceses y alemanes. (...) Al aparecer los primeros problemas en el flujo de crédito se produjo una contradicción abierta entre los intereses de una y otra forma de gobierno de los procesos económicos, que se saldó inmediatamente con un repliegue de la política de tipos de interés del BCE hacia las posiciones de los sectores manufactureros exportadores, representadas por Alemania.

Esto ha abierto un conflicto político con los pujantes sectores constructores y financieros de periferia hiperfinanciarizada, con España y Reino Unido a la cabeza, cada vez más incrustados en unas estructuras estatales que han centrado sus objetivos políticos en la extensión de los intereses de estos sectores a regiones cada vez más amplias del espacio social a expensas de enormes costes sociales y ambientales.