El soberanismo catalán calienta motores de cara a un previsible recorte del estatut
Se acerca la decisión del Tribunal Constitucional español sobre los recursos contra el Estatut. Mientras los partidos negocian una posible unidad frente al fallo, las plataformas soberanistas buscan articular una respuesta ciudadana a un previsible recorte estatutario.
Laia ALTARRIBA i PIGUILLEM
Cincuenta mil son las firmas que las plataformas soberanistas catalanas han entregado al Parlament de Catalunya, «como símbolo de todos los parlamentos de la nación catalana», donde pidieron que las cámaras autonómicas puedan convocar referendos sin la injerencia del Gobierno español. Con este gesto ponía punto final a la primera fase de la campaña «Decideixo decidir», que arrancó hace un año con la multitudinaria manifestación convocada como consecuencia del caos de la Renfe en Catalunya y que tuvo un marcado acento soberanista.
En el acto de entrega de las firmas, que tuvo lugar hace una semana, los convocantes de la iniciativa (Plataforma pel Dret de Decidir -PDD- y Sobirania i Progrés) aprovecharon para posicionarse frente al previsible recorte del texto estatutario catalán que supondrá la decisión del Tribunal Constitucional español, que se espera para las próximas semanas. Así, abogaron por pedir a los partidos políticos catalanes la convocatoria de una nueva consulta en las urnas si este órgano judicial toca el contenido del Estatut aprobado.
En un contexto marcado por las reflexiones suscitadas en torno al treinta aniversario de la aprobación de la Carta Magna española, los concentrados en el Parlament quisieron destacar que su voluntad es que el pueblo catalán pueda decidir por él mismo, «sin la losa y la imposición que representa la Constitución española, la cual nos impide un derecho esencialmente democrático como es el derecho y la libertad a convocar referéndums».
Respuesta conjunta
Este acto soberanista unitario debe ser entendido más allá de una simple entrega de firmas, pues muestra la voluntad de las plataformas de responder conjuntamente a la decisión del Tribunal Constitucional, sobre todo si se tiene en cuenta que el pasado mes de junio la potente Plataforma pel Dret de Decidir quedó dividida debido a las desavenencias entre los distintos sectores que la integraban.
La principal diferencia, a grandes rasgos, respondía a si esta plataforma tiene que actuar codo a codo con los partidos parlamentarios catalanistas o si debe tener mayor autonomía. En el acto unitario de hace una semana, estaban los dos sectores, hecho que da validez a las voces que aseguran que han retomado las relaciones y la voluntad de volver a trabajar de forma conjunta.
De esta forma, quienes lograron sacar a la calle a cientos de miles de personas en Barcelona el 18 de febrero de 2006 contra los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas al Estatut, y otra vez hace un año por el caos de las infraestructuras, están calentando ya los motores para volver a movilizar a la ciudadanía catalana frente a una nueva agresión de Madrid.
La izquierda independentista catalana se mantiene mayoritariamente al margen de estas plataformas soberanistas porque considera que no hay que defender un texto estatutario que rechazaron en las urnas. Su apuesta es la de seguir trabajando conjuntamente en la campaña «300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència» de cara a articular un movimiento claramente independentista. Para estas formaciones políticas es especialmente significativo, por negativo, que en algunos de los últimos actos de la Plataforma pel Dret de Decidir hayan participado representantes de CCOO y UGT, sindicatos de ámbito estatal que apoyaron claramente el Estatut en el referéndum de junio de 2006.
Por la autodeterminación
También esta misma semana se ha dado a conocer que más de un millar de cargos electos municipales catalanes se están organizando para dar una respuesta desde el ámbito local si el Tribunal Constitucional toca el Estatut de Catalunya.
El manifiesto conjunto «Decidim!», elaborado con este motivo, es apoyado por alcaldes y concejales de CiU, ERC, ICV y las CUP, quienes se comprometen a impulsar consultas populares en los municipios para defender el derecho a decidir de la sociedad catalana. Los impulsores del manifiesto han logrado que a él se hayan sumado una veintena de concejales del PSC.