El segundo encuentro para la difusión de la problemática sobre la exposición al amianto, que organizó la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), celebrado hace unos días en Bilbo, puso de manifiesto que los afectados y sus familiares todavía se tienen que enfrentar al dolor físico y moral que las empresas, las mutuas y las diferentes administraciones les infligen.

Olvido Herreras, secretaria de la asociación, anunció que van a presentar una Proposición no de Ley ante el Parlamento de Gasteiz, pero subrayó la necesidad urgente de que se cree un fondo económico de compensación para los afectados y sus familiares, que la actual vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, defendió en el Congreso español cuando se encontraba en la oposición. En el Estado francés existe un fondo desde hace ya unos años y está desbordado por el volumen elevado de afectados por el amianto.

La asociación vasca justifica esa petición porque el período de latencia de las fibras de amianto es muy largo -entre quince y cuarenta años-, lo que provoca que muchas empresas no sigan activas o hayan destruido los historiales de los trabajadores, por lo que la tramitación se alarga y deja en «situación difícil a los afectados y sus familiares». Hasta el momento, la única vía para obtener la declaración de enfermedad profesional y la de daños y perjuicios es la judicial, que se alarga en el tiempo.

Olvido Herreras también dejó claro que van a «presionar» a la Inspección de Trabajo y a Osalan para que realicen «un mapa del amianto» con el fin de situar la gravedad del problema en determinadas zonas. También pedirán que las empresas que no están dadas de alta en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) sean sancionadas. A la vez, reclamarán a Osalan que «requiera a las empresas y a las mutuas que extien- dan los reconocimientos médicos específicos a los trabajadores que hayan estado en contacto con el mineral».

Protocolo activo

En este camino de peticiones, la secretaria de Asviamie solicitará a la Seguridad Social que «mantenga un criterio unificado frente al mismo diagnóstico y que sea calificado como enfermedad profesional» y pedirán a Osakidetza que «tenga un protocolo de actuación en cuanto sea detectado un caso de enfermedad por amianto».

La asociación insistirá ante las empresas que han manipulado o tienen amianto que «realicen reconocimientos médicos específicos para detectar los casos de contaminación» y para que asuman los gastos derivados de la enfermedad.

Jesús Uzkudun, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, consideró que «esta epidemia es una catástrofe humana de grandes dimensiones». Explicó que la CE reconoce que hasta el año 2035 «se van a producir 250.000 muertes por mesotelioma y entre otras 250.000 y 400.000 muertes por cáncer de pulmón, de laringe, asbestosis y cáncer gastrointestinal por la inhalación de fibras de amianto».

10.000 en Euskal Herria

Uzkudun recordó que los cálculos que hay para Euskal Herria indican que entre 8.000 y 10.000 personas fallecerán. «Creo que esos datos son conservadores», precisó el sindicalista. Hace tan sólo unos días en una jornada de presentación de una guía de prevención del amianto en el BEC de Barakaldo se reconoció por parte de Montserrat García, del Ministerio español de Sanidad, que en seis años se habían multiplicado por seis los trabajadores afectados por amianto, hasta alcanzar los 15.000, de ellos el 38,6% se encuentra en activo. De hecho, sólo en el estado español hasta la década de los noventa del siglo pasado más de 280.000 trabajadores tuvieron contacto directo con el amianto, lo que explica la gravedad del problema.

Uzkudun afirmó que «a los trabajadores nos están utilizando como cobayas de laboratorio. Mientras no se genera la alarma, no pasa nada». Hizo un poco de historia para indicar que a inicios del pasado siglo «se conocía los efectos malignos del amianto, pero la industria no hizo nada por sustituirlo».

En el Parlamento Europeo se comenzó a hablar de su peligro en 1978, pero tardaron décadas para prohibirlo. En el Estado español hubo que esperar al siglo XXI y, por ejemplo, el Estado francés fue denunciado ante la Organización Mundial del Comercio por prohibir su uso en 1997.

El responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi denunció que «las empresas prefirieron producir, que garantizar la salud de los trabajadores» y lamentó que «tenemos que demostrar que hemos estado en contacto con amianto para que se nos reconozca la enfermedad profesional o las indemnizaciones correspondientes».

«Ausencia de ética»

En este caso, denunció «la ausencia de ética de ciertos profesionales de la medicina» y mencionó de forma directa al res- ponsable de Neumología del hospital de Cruces, que «antes fue médico de empresa en la empresa Montero, que trabajó con amianto. Miente en sus informes para ocultar enfermedades producidas por el mineral asesino», aseguró Uzkudun. Varios de los afectados, que participaron en la jornada, corroboraron la denuncia de Jesús Uzkudun. Incluso, Eusebio Pabola, afectado por el amianto y que trabajó en Montero KF, reconoció que, tras una entrevista en GARA en 2001 en la que denunciaba precisamente la actitud de algunos médicos, «no me quisieron atender y me enseñaron copia de la entrevista».

Araceli Larios, especialista en medicina de trabajo y prevención de riesgos laborales, explicó la necesidad reforzar la vigilancia de la salud entre los trabajadores donde se sabe que ha habido amianto, porque «es cuestión de tiempo que si aparece un caso de cáncer por mesotelioma no aparezcan más».

Manifestó, con rotundidad, que «eso no puede causar ninguna alarma, sino que es la realidad» y dijo que en muchas ocasiones los informes juegan «con ciertos sinónimos para evitar la gravedad del problema». Afirmó que «tener un mesotelioma es una sentencia de muerte».

En la jornada, estuvieron presentes responsables de Salud Laboral de LAB y de ESK y participó el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Lakua, Javier Madrazo.