La Prefectura de Pirineos Atlánticos ha corroborado con la última misiva de su titular, Philippe Rey, una línea de actuación tendente a incidir en la toma de decisión de unos cargos públicos que, a diferencia del puesto que ostenta Rey, se sustentan en el sufragio popular.

El actual prefecto se inspira en una «línea de intervención» que la institución ya empleó con anterioridad, exactamente unos diez días antes de que una asamblea multitudinaria refrendara el nacimiento de la cámara vasca de agricultura.

Desde entonces, el mismo Estado que predica un modelo de descentralización que, a la postre, se resume en eliminar servicios básicos para la ciudadanía, ha utilizado la fórmula de la coacción para tratar de frenar la creciente legitimación de un proyecto que simboliza como pocos el fracaso de un Estado que se pasea con aires de grandeza por tierra vasca.

Los tribunales son escenario de una disputa, la de EHLG, cuyas raíces comunican con ese canal de la negación que discurre soterrado a ojos de los grandes medios franceses pero que asoma a cada paso en forma de reclamación sostenida por la ciudadanía vasca.

Euskal Herria se dota de instrumentos que corroboran su urgencia de existir, pero al tiempo evidencian la parálisis institucional de un Estado incapaz de abordar las grandes cuestiones de fondo. Con intromisiones como la del prefecto, Francia pone de manifiesto que vive en un cierto estado de nervios.