El PP entregará al Gobierno español entre hoy o mañana el informe que está elaborando para disolver con la vigente ley de régimen local las alcaldías independentistas y que exige convocar elecciones municipales en la CAV, valiéndose de la convocatoria de la pugna autonómica. Así lo explicó ayer la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa.

En contra de lo que decidió el Consejo de Ministros español el viernes, que acordó estudiar una reforma de Ley de Bases de Régimen Local al entender que el actual artículo 61 no ofrece la base legal suficiente para abordar la disolución de consistorios, Sáenz de Santamaría aseguró que este documento «de- muestra» que con la actual norma es posible disolverlos. Afirmó, además, que la reforma de 2003 de la ley de régimen local tuvo «precisamente como objetivo este fin».

Precisó que con aquella modificación se introdujo un añadido en el artículo 61 para considerar «decisiones gravemente dañosas», que permitiría al Gobierno promover la disolución de un consistorio, las «actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares». En este sentido, apuntó que «la no condena se ajusta a los supuestos que contiene ese artículo».

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La segunda parte del documento que el PP entregará al Gobierno de Zapatero contiene la argumentación a favor de que la celebración de elecciones municipales en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, aprovechando los comicios autonómicos, «podría permitir ajustar un calendario para celebrar elecciones cuanto antes y de manera eficaz y económica», concluyó.

El portavoz del PP en la CAV, Leopoldo Barreda, también compareció ayer para criticar la actitud del Gobierno de Madrid. A su entender, la ausencia «de decisiones inaplazables» por parte del Ejecutivo para disolver los consistorios de izquierdas y abertzales «abona la sospecha de un posible escenario de negociación con los terroristas».

Barreda indicó que «en Azpeitia pasará igual que en Arrasate; después del desfile de mociones éticas y democráticas no se tomará ninguna medida concreta». Algo que, según denunció, es «moralmente inaceptable, y lleva a la frustración de los ciudadanos que respaldan la ley, justamente lo contrario de lo que sería deseable».