Iruñerria Piztera Goaz nació como iniciativa de defensa de los gaztetxes, en un momento en el que, además del Euskal Jai, habían sido cerrados otros 22 espacios autogestionados. Su campaña coincidió con la electoral, una época en la que los políticos mostraron sus mejores intenciones para impulsar una Iruñea «plural, en la que caben todos». Frente a ello, desde la iniciativa quisieron destapar «la otra realidad», en la que el movimiento popular padece la represión que el Ayuntamiento ejerce mediante la Ordenanza por el Civismo.

Sus representantes explican a GARA las consecuencias que han tenido que afrontar, así como otras, más graves si cabe, que se les presentan, con procesos que incluyen un juicio, aún sin fecha, contra nada menos que 46 personas.

Pena de 4 años por subirse a una grúa

«Nos subimos a una grúa donde estaba el Euskal Jai, cuando las obras para construir las termas estaban paradas. Nos subimos tres personas: una a media altura y otras dos nos encadenamos al mástil. Pusimos dos pancartas; una de apoyo a Xabier Errea que estaba en la cárcel y otra que decía Euskal Jai Bizirik!. Había gente de apoyo abajo, y otras dos personas se habían subido a otra grúa en la Plaza del Castillo.

Nuestra intención era, dentro de la campaña Iruñerria Piztera Goaz, reivindicar espacios liberados y denunciar la represión policial del Ayuntamiento contra la juventud, las fiestas populares y a todo lo que no sea como ellos, así como el encarcela- miento mediante un montaje policial de un joven. Por eso nos piden a dos de nosotros 2 años y medio de cárcel y al tercero 4.

Alegan `coacción' por parar las obras, cuando no es cierto; `desobediencia' por sugerir que nos bajáramos de la grúa -no nos lo llegaron a pedir-; y `atentado con agravante'. Se trata de una acción pacífica por la que piden 9 años. Nos parece una tomadura de pelo que lo hagan por subir a una grúa».

2,5 años por sentarse en la carretera

«A once personas nos acusan de un delito de `desórdenes públicos', con una petición de 2 años y medio. Todos éramos gose grebalaris durante aquella semana de la campaña. Hicimos la acción, que consistió en una sentada en el final de la cuesta de Labrit, exigiendo la libertad de Errea. Participamos unas veinte personas, junto con los dos encadenados a un bidón de hormigón. Por una sentada pacífica y pública nos piden 2 años y medio de cárcel. No negamos que nos sentamos, lo que no admitimos es la desproporción entre el acto de desobediencia pasiva que hicimos y la petición fiscal. A ninguno de nosotros se nos identificó en el momento, salvo a los dos activistas del bidón que fueron detenidos; lo hicieron por videovigilancia; coincidieron casi por completo con las personas que estábamos en gose greba.

Mención aparte merece la actitud chulesca de Simón Santamaría, que puso en riesgo a los embidonados, persona denostada por la mayoría de la vecindad de Iruñea y hasta por la mayoría del Pleno del Ayuntamiento, aunque siga incomprensiblemente en su puesto».

15 y 9 meses por ocupar un edificio vacío

«Tras una kalejira por el barrio la gente entró en el Palacio Marqués de Rozalejo de Nabarreria. Durante toda la tarde entró gente, tanto de Iruñea como de fuera. A la noche nos quedamos 46 personas. En el tejado se habían dispuesto dos puestos, y hacíamos turnos de tres horas para colgarnos. Todos estuvimos en algún momento ahí. Cuando por la mañana vino la Policía, estábamos veinte personas en el tejado, apoyando a los que estaban en los puestos, y algunos también se encadenaron. La Policía nos bajó de uno en uno. Una vez dentro de la casa nos identificaron y nos detuvieron; ahora, nos imponen a cada una de las 46 personas 900 euros de multa, a 19 de los que estábamos en el tejado una pena de 9 meses de cárcel, a otro que estaba encadenado 15 meses, y a las dos personas que se hallaban colgadas también 15 meses, alegando `atentado a la autoridad'. La cuestión es que todos participamos en la acción, estábamos juntos, y para ello subimos todos los que pudimos al tejado».

Iruñerria Piztera Goaz hace un llamamiento a colectivos y asociaciones a unirse para responder a «este castigo al movimiento popular y a su trabajo», y ha convocado una manifestación para el 28 de diciembre.