Varias entidades y organizaciones no gubernamentales colombianas acusaron ayer al Gobierno de Álvaro Uribe de criminalizar la protesta social.

«Los que protestan, los que reivindican sus derechos son tachados de delincuentes; en Colombia se aplica una política de discriminación hacia los sectores sociales desde la institucionalidad», resaltó Aida Quilcue, consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Remarcó que el Gobierno «vende una idea de postconflicto y de proceso de paz que no es real, vivimos una guerra que no es nuestra, pero que padecemos primero».

Gustavo Gallón, director de la Comisión de Juristas de Colombia, denunció la criminalización de los defensores de derechos humanos, «a quienes se acusa de connivencia» con la guerrilla.