La exigencia del Parlamento de Gasteiz de excarcelación de los presos que padecen enfermedades graves insiste en una flagrante vulneración de derechos e incluso de leyes precisamente por parte de quienes se supone que deben velar por su cumplimiento. Sin embargo, no parece que el Gobierno del PSOE esté dispuesto a hacerse eco de ese requerimiento, al menos si la iniciativa del tripartito, Aralar y Ezker Abertzalea queda en la mera aprobación. La afirmación del PSE en el sentido de que los presos enfermos están atendidos debidamente y que tanto sus derechos como los de sus familiares están garantizados no es compatible con el hecho de que son cada vez más los casos de presos vascos con enfermedades cuya gravedad se debe precisamente a las condiciones en que deben afrontar su precaria situación. Por otro lado, la reacción del PP al descalificar la iniciativa por encontrarse Ezker Abertzalea entre sus promotores no se puede calificar sino de burla al Derecho, a la ética y a la inteligencia. Tanto su representante como el del PSE dejaron claro que para ellos los derechos humanos han de respetarse o no a conveniencia política, que son utilizados a modo de instrumento de chantaje válido para lograr fines políticos, tal y como el ministro de Interior español afirmó anteayer al referirse a la política de dispersión de los presos vascos.