La iniciativa de cerca de 1.200 muskiztarras para que su Consistorio convocase una consulta popular no vinculante sobre la idoneidad del proyecto de Petronor de construir una Unidad de Reducción de Fueloil (URF) en su amplio complejo petroquímico no logró la mayoría absoluta del Pleno. La moción obtuvo los votos favorables de los cuatro ediles de EA mientras los tres del PSE la rechazaron y los seis del PNV se abstuvieron.

Desde el público recordaron al PSE, que gobierna con EA, que su portavoz se había posicionado en otra sesión plenaria favorable a apoyar una consulta popular si su promotora era una iniciativa ciudadana. Su portavoz, Fernando Martín, lo negó, a pesar de que algunos vecinos insistieron en recordárselo a este jubilado de Petronor.

Desde la Coordinadora Anti-Coke no ocultaron su «indignación» por la postura de PNV y PSE, a quienes acusaron de «defender intereses particulares y partidistas» que no benefician a la salud de los vecinos. Miembros de la plataforma subrayaron que cuatro de los representantes que cerraron la puerta a la consulta están o han estado vinculados a la compañía que preside Josu Jon Imaz.

Tampoco se olvidaron de citar que el ex alcalde, el jeltzale Gualber Atxurra, ostenta ahora un puesto mejor en el organigrama de la planta petrolera -técnico medioambiental-, según opinaron «gracias al oscurantismo de su gestión en materia urbanística, que ha permitido a Petronor desarrollar sin problemas todos sus proyectos». «Era tan sólo una consulta no vinculante que iba a servir para conocer la opinión de los vecinos de Muskiz sobre una infraestructura que puede condicionar su calidad de vida», manifestaron, molestos por la actitud de PNV y PSE.

«Nos están negando un derecho básico y luego se les llena la boca hablando del estado de derecho y de escuchar a los vecinos. Es indignante», declararon desde la Coordinadora que agrupa a residentes de Abanto, Muskiz y Zierbena.

La URF, conocida popularmente como la planta de coque, también ha sido motivo de fricción dentro del equipo de gobierno EA-PSE, al pretender el alcalde en funciones -el primer teniente alcalde, Fernando Martín (PSE)- iniciar la tramitación de la licencia de actividad que desea Petronor. La Junta de Gobierno solicitó a la secretaria un informe jurídico sobre su legalidad después de que Eusko Alkartasuna argumentara que es pertinente disponer de informes de Costas y otras instancias para iniciar el procedimiento. El polémico asunto quedó el martes encima de la mesa.