A principios de esta semana eran ya 102 los trabajadores vascos muertos en su puesto de trabajo. Cada vez que se registra uno de esos accidentes laborales, los sindicatos convocan concentraciones para reclamar responsabilidades y denunciar que, en la mayoría de los casos, los fallecimientos no se producen como consecuencia de la fatalidad, sino porque ni los empresarios ni las instituciones ponen los medios necesarios para que sus empleadas y empleados trabajen en condiciones dignas.

¿A cuántas de esas concentraciones han acudido los representantes de las patronales vascas? ¿En cuántos de esos actos han visto a un dirigente de esas formaciones políticas tan dadas a condenar tanto los atentados mortales de ETA como una pintada en una sede de su partido? ¿A cuántos de esos funerales se ha acercado un obispo? Si la respuesta correcta en los tres casos no es «¡A ninguna!», estoy seguro de que la cifra se aproxima más a cero que a cien.

Por eso resulta patético escuchar a partidos, empresarios y prelados reclamar a una parte de la sociedad de Euskal Herria que asuma sus condenas mientras ellos miran hacia otro lado cuando los muertos no son «suyos». Así se niegan a compartir el sufrimiento de «todos», tanto en el mundo laboral como en el contexto del conflicto político. Están condenados a entenderlo, pero se resisten a hacerlo.